Con el fin de afrontar "el mayor desafío de Galicia a medio y largo plazo", el Gobierno autonómico inició ayer la tramitación de la que será la primera ley de España de impulso demográfico, que incluye tanto medidas ya en vigor como otras de nuevo cuño y que de la misma forma que busca incrementar la natalidad, también aspira a combatir la despoblación mediante el fomento del retorno de emigrantes, que de hecho es una de las principales líneas de actuación. La futura norma prevé un gasto anual de 700 millones de euros para enfrentarse a la crisis demográfica, sumando las partidas correspondientes a programas que ya están en vigor y los que se desarrollarán con la ley una vez se apruebe a finales de este año.
La norma actuará como un "paraguas" para todas las iniciativas que se tomarán en un futuro inmediato, por lo que a estas alturas, y dado que todavía se trata de un anteproyecto, están sin definir al detalle. "A partir de su aprobación", indicó el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, "se concretará el alcance de su contenido y medidas". Ni él ni la conselleira de Política Social, Fabiola García, pudieron precisar cuál será el impacto económico de las nuevas medidas, remitiéndose a los 700 millones de gasto total anual. Lo que precisó la Xunta es que la ley sí blindará la partida destinada a política familiar, de unos 100 millones de euros, para que nunca sea inferior a esta cantidad.
Desde 1976 se ha registrado en Galicia un descenso continuo del número de nacimientos. Son ya cuatro décadas de caída sin fin. Y la tasa de fertilidad de las gallegas es 1,12 „una de las cifras más de bajas de Europa„, que mide el número de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil.
Esfuerzo municipal. La Xunta quiere que concellos y diputaciones se involucren en el impulso demográfico, sobre todo en el rural, por la vía de rebajar algunos impuestos y tasas para atraer población. Y para estimular su esfuerzo, dentro del Fondo de Cooperación Local, dotado con 120 millones anuales, el Gobierno gallego quiere reservar una partida para distribuirla entre las instituciones locales que adopten medidas, tanto propias como complementarias a las autonómicas, para fijar o ganar población. Pero primero se deberá negociar con la Fegamp.
Compromiso empresarial. La Administración autonómica habilitará incentivos para las empresas que adquieran compromisos con el territorio, para fijar población en el rural, o cuenten con programas de conciliación. Obtendrán más puntos en las licitaciones de contratos públicos a las que se presenten.
Otras medidas. Una de las principales acciones recogidas por la Xunta para frenar la despoblación se centra en fomentar el retorno de emigrantes gallegos. Sin entrar en detalles, el enunciado de la futura norma autonómica pretende implantar la "gratuidad" del autobús para los menores de 19 años, ampliar la Tarxeta Benvida para los nuevos nacidos en el rural, fomentar la instalación de cambiadores y salas de lactancia en los nuevos locales públicos, así como el uso de bancos de leche materno y el apoyo a la reproducción asistida, aplicar descuentos para las familias numerosas en las autopistas de titularidad autonómica, personarse en aquellos juicios por casos de discriminación laboral por razón de maternidad o paternidad, recomendar a las televisiones adelantar el horario de prime time, u obligar a tener todas las vacunas para acceder a una plaza pública de guardería.