La huelga en la Justicia gallega que paralizó los juzgados de la comunidad durante 114 días el año pasado tuvo muchas consecuencias. Una de ellas fue el aplazamiento de unos 20.000 pleitos y miles de trámites y que algunos juicios se tuviesen que retrasar hasta el 2019. Pero no fueron los únicos damnificados. También lo fue la Justicia gratuita y el XIII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita en España, elaborado por Abogacía Española y Wolters Kluwer le ha puesto cifras a ese impacto.
Galicia, con 9,7 millones y un 3,5% menos con respecto a 2017, fue la comunidad que más redujo la inversión en Justicia gratuita con respecto al año anterior, debido, sobre todo, apunta el estudio, a los cuatro meses de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia. Y este recorte en la comunidad se produjo cuando a nivel nacional la inversión en esta matería regresó en 2018 a niveles anteriores a la crisis con un desembolso de 269 millones, lo que supuso un aumento del 10,6% respecto a 2017.
Los 9,7 millones que se invirtieron en Galicia sirvieron para atender 50.726 asuntos, de los que 12.453 correspondieron al Colegio de Abogados de A Coruña; 10.782 al de Pontevedra y 8.483 al de Vigo. Los 20.000 restantes se los repartieron los órganos colegiales de Lugo, Ourense, Santiago y Ferrol.
De los 50.726 asuntos atendidos en 2018 -que representaron un 5,4% menos que en 2017-, un total de 30.324 (el 60%) correspondieron al servicio del Turno de Oficio, 17.575 (el 35%) a la asistencia letrada al detenido y 2.827 (el 5%) al servicio de violencia de género. La retribución media que percibió el abogado en Galicia del Turno de Oficio por cada expediente fue de 191,29 euros, 50 más que la media nacional.
El estudio también revela que de los 9,7 millones que se invirtieron en este servicio, 1,6 se destinaron al Colegio de Abogados de A Coruña, que cuenta con 847 letrados adscritos al Turno de Oficio; 1,4 millones al de Pontevedra, con 542 abogados que cubren la asistencia jurídica gratuita; y 1,1 al de Vigo que posee 1.459 letrados.
El aumento del 10,6% de la inversión nacional se debe, explica el informe, a la recuperación de los baremos -tras los fuertes recortes realizados durante la crisis- en el territorio del Ministerio de Justicia y en comunidades como Galicia, Madrid, Valencia, Andalucía, País Vasco, Navarra, Asturias y Cantabria.
Tras más de 15 años de congelación, el ejercicio pasado, el Ministerio de Justicia desbloqueó los pagos atrasados del Turno de Oficio y se comprometió a realizar su abono cada mes y a actualizar -un 30% de media- los baremos de la Asistencia Jurídica Gratuita. Además, siete comunidades autónomas con competencias de Justicia transferidas revertieron los recortes realizados durante la crisis. Galicia fue una de las que actualizó los honorarios, pero este incremento no se trasladó a la inversión en Justicia gratuita debido al descenso del número de asuntos por los cuatro meses de huelga de los trabajadores.
Cataluña siguió siendo la comunidad que más invirtió en Justicia gratuita con 56,5 millones y un incremento superior al 3% con respecto a 2017, seguida de Andalucía, con 42,3 millones y un aumento de casi el 7%, que en 2018 desbancó a Madrid, que ocupó el tercer lugar con 42 millones y una subida del 4%. Estos tres territorios acapararon el 53% de las inversiones totales de toda España en Justicia gratuita.
La Comunidad Valenciana y Canarias ocuparon los siguientes puestos con una inversión de 35,5 y 13,8 millones respectivamente.
El informe del Observatorio de la Justicia Gratuita es el resultado del análisis de más de 7.500 datos aportados por los 83 Colegios de Abogados existentes en España.
En esta decimotercera edición se ha elaborado teniendo en cuenta el funcionamiento propio de cada comunidad, la incorporación de mejoras reflejada en la información comparativa de la evolución de importes certificados entre años, así como el cambio de baremos aplicado en algunas de las autonomías.
