El proyecto de Ley de Administración Digital de Galicia ha sido aprobado este martes en el pleno del Parlamento gallego con los votos a favor del grupo popular, que ha rechazado las enmiendas que mantenía la oposición en este último trámite parlamentario y ha sacado adelante en solitario el dictamen de la comisión sobre este texto.
Este rechazo a incluir las enmiendas por parte del grupo mayoritario ha motivado la abstención de los diputados del PSdeG, mientras que los representantes del grupo mixto, del BNG y de En Marea se han posicionado en contra por considerar que esta norma profundiza en la "privatización" de la administración pública y "no garantiza el acceso universal a la banda ancha".
En concreto, en el último pleno del periodo de sesiones y antes de dejar su escaño para centrarse en su trabajo como edil en A Coruña, el diputado del PSdeG Juan Díaz Villoslada ha calificado de "poco ambiciosa" esta normativa que, en su opinión, "no protege los derechos de la ciudadanía" y, al igual que el resto de grupos de la oposición, ha censurado que no se solicitase el informe del Consello Económico e Social (CES).
Y es que, según ha indicado, la propia normativa de este órgano señala que le corresponde elaborar "informes y estudios" sobre las repercusiones que la introducción de las nuevas tecnologías impone en el sistema económico y social gallego.
Al respecto, la parlamentaria de En Marea Carmen Santos ha considerado que "no es una casualidad" que se prescindiese del informe del CES y ha acusado al PP de buscar una "imagen de consenso" sobre exte texto normativo que "en el fondo no es real".
"MODELO PRIVATIZADOR"
"Estamos ante un proyecto de ley incapaz de garantizar el acceso en igualdad de oportunidades a la administración y cualquier enmienda que lo pudiese garantizar fue rechazada", ha censurado Santos, que ve la norma como "una nueva excusa para seguir implementando un modelo privatizador".
Por su parte, el nacionalista Luís Bará ha enmarcado esta Ley de Administración Digital de Galicia en un "plan de privatización de la administración pública" y ha subrayado que "profundiza en la brecha digital" al crear "ciudadanos de primera y de segunda".
"Por ser una ley privatizadora que pone a la Administración gallega en manos de multinacionales americanas que obtienen beneficios millonarios mientras dejan las migajas para el tejido empresarial local, porque no garantiza el acceso a la sociedad de la información y del conocimiento a toda la población como un derecho básico y universal", ha manifestado.
Además, el portavoz del grupo mixto, Luís Villares, ha considerado que esta ley supone una "pérdida de oportunidad" para ampliar los derechos de los ciudadanos en una democracia moderna y no "garantiza el acceso universal a la banda ancha" en toda Galicia "con una visión miope" del presente.
POSTURA DEL GRUPO POPULAR
Enfrente, la diputada del PPdeG Sandra Vázquez ha destacado que esta ley busca situar a la administración gallega en la "vanguardia" del uso de las nuevas tecnologías. "Hay que crear el mañana y no preocuparse por el ayer, parafraseando a Steve Jobs, debemos construir una administración más ágil, más eficiente y de mayor calidad. En definitiva, poner a la administración en contacto con los gallegos", ha destacado la parlamentaria.
Asimismo, ha argumentado que el proyecto de ley cuenta con la "participación" de diferentes departamentos de la Administración autonómica y el voto favorable de todas las organizaciones sindicales representadas.
Por ello, y tras manifestar que el informe del CES "no es necesario", ha asegurado estar sorprendida por el hecho de que los grupos de la oposición "se pongan de perfil" y ha recordado que otra ley garantiza las infraestructuras necesarias para el acceso a la banda ancha en Galicia.
Esta ley contempla que los gallegos cuenten con una "carpeta" digital en la que figurarán todas sus relaciones con la Administración y pretende convertir en "residual" el uso del papel para la gestión de trámites a través de una plataforma que estará disponible "las 24 horas del día" los "365 días del año", tal y como avanzó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, después de que el Consello autorizase el inicio del camino para que esta norma llegase a la Cámara.
