El sector lácteo ha sufrido un duro golpe que deja en la sombra a varias empresas que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca por su actividad entre los años 2000 y 2013. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a ocho compañías lácteas por atentar contra los intereses de los ganaderos e intercambiar información que permitía coordinar estrategias comerciales para impedir que los trabajadores fijasen sus propios precios. Los ganaderos gallegos, los más numerosos del conjunto nacional, son los más perjudicados por estas prácticas ilegales.

La multa, considerada muy grave, asciende hasta los 80,6 millones de euros y no es la primera vez se lleva a cabo un castigo de este tipo contra el cártel de la leche. La CNMC fijó en 2015 una pena de 88,2 millones de euros a empresas de referencia en el sector, además de la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga) y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña. Sin embargo, un año después, la Audiencia Nacional anuló la resolución tras un recurso presentado por Nestlé. Ahora, tras un estudio sobre el sector remitido por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León en el que se manifestó la existencia de conductas restrictivas en el mercado, se ha llevado a cabo las instrucción del expediente sancionador.

Dos firmas gallegas, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, sancionada con 60.000 euros, y Central Lechera de Galicia (53.310), además de Calidad Pascual (8.560.000), Corporación Alimentaria Peñasanta, multada con 21.864.000 euros, Danone (20.277.000), el Gremio de las Industrias Lácteas de Cataluña (90.000), Grupo Lactalis Iberia (11.692.000), Nestlé España (6.860.000), Industrias Lácteas de Granada (10.269.000) y Schreiber Food España (929.644) son las responsables de realizar las conductas anticompetitivas que infringen la lesgislación de competencia. Pero no son las únicas. También participaron en estos procedimientos tres entidades gallegas (Leche Río, Feiraco, Leche Celta), además de Industrias Lácteas Asturianas, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, pero Competencia desclaró prescrita la infracción.

Las prácticas que han llevado a la CNMC a imponer la multa de 80 millones a las entidades del sector son el intercambio de información, a nivel nacional y autonómico, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de ganaderos y excedentes de leche. Todo ello tenía como objetivo consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de la leche. Además, también se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales. Esta información permitía a las empresas ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos, para limitar así la competencia en el mercado. Pese a que la multa implique a empresas de nivel nacional, los ganaderos gallegos son los más perjudicados. ¿El motivo? El volumen de producción que tiene la comunidad en el sector, donde actúa como motor. Galicia agrupa a casi el 60% de los productores de todo el país, por lo que todas las empresas implicadas compran en mayor o menor medida leche a Galicia. La comunidad, además, está en el furgón de cola en España y Europa por los bajos precios que perciben los ganaderos.