Desde 2020 se realizará la negociación de la nueva PAC entre los Estados miembros y Bruselas para definir el modelo de ayudas de cara al periodo 2021-2027. Ante este escenario, las comunidades del norte, reclaman no solo excluir del sistema a las jubilados. Galicia y el resto de autonomías de la cornisa cantábrica reclaman que la futura PAC sea más "justa y equitativa" para superar los desequilibrios entre territorios y se tengan en cuenta variables como el envejecimiento y la despoblación que sufre el rural en estas comunidades. Para beneficiar a las explotaciones familiares y de menor tamaño plantean un tope máximo de ayuda por beneficiario de 60.000 euros. Y con el objetivo de paliar las limitaciones de productividad y rentabilidad de las granjas ubicadas en zonas de montaña reclaman una discriminación positiva para estas áreas, al mismo tiempo que apuestan por un refuerzo de las políticas orientadas al relevo generacional. Otra de sus reclamaciones pasa porque se mantengan las ayudas asociadas a sectores como las ganaderías de leche o carne por el peso que tienen estos sectores en las comunidades del norte.
