La reforma del sistema de financiación autonómica ha vuelto a revolucionar a gobiernos y organizaciones empresariales de toda España. Pedro Sánchez ha activado esta semana la cuenta atrás hacia la presentación de una propuesta de cambio de modelo que estará lista de aquí a ocho meses y con las mismas se han reanudado la toma de posiciones y los codazos por ganar la mejor situación en el relanzamiento de la carrera.
Sin esperar, la confederación empresarial de la Región de Murcia ha convocado para octubre a las de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares para apuntalar la defensa de un sistema "más justo" para estos territorios. Son parte de los que en esta discusión más urgen la reforma —se sienten agraviados por el mecanismo vigente— y a buen seguro defenderán criterios distintos a los que trata de hacer valer el frente Noroeste "ampliado" que ya añade a Galicia, Asturias y Castilla y León a Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y tal vez Extremadura. Estas serían las regiones "competitivas". La Comunidad Valenciana, Baleares, Madrid y también Cataluña, que siempre se ha negado a discutir la financiación en un foro multilateral. En esas autonomías se habla de infrafinanciaciones y deudas históricas, de saldos fiscales que no equivalen a los fondos recibidos o del perjuicio financiero de las contribuciones a la solidaridad común.
El Noroeste tiene su propio frente empresarial para hacer fuerza en favor de sus intereses comunes, una agrupación de organizaciones empresariales de Galicia, Asturias y Castilla y León impulsada en Oviedo en octubre y constituida en marzo en Ourense y cuyo timonel es el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito. La financiación autonómica es ingrediente esencial de sus reclamaciones y han verbalizado sus demandas pidiendo una "discriminación positiva" para la defensa de un territorio que sumado da más del 10% de la población de España, representa el 9% del PIB nacional y algo más del 10% de las empresas que generan el 9,6% del empleo.
