Los gobiernos de Galicia y de Cantabria mostraron ayer su apoyo al frente político, económico y social para defender una financiación autonómica justa. Fuentes del Ejecutivo gallego destacaron el compromiso con el frente del Noroeste, mientras que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, resaltó la necesidad de mantener "la unidad a tope" cuando se abra la negociación.

La reforma del modelo de financiación autonómica está pendiente desde el año 2014, y pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) se comprometió en 2017 a presentar una propuesta y constituyó una comisión de expertos para que analizaran qué cambios sería necesario introducir, los avatares políticas lo dejaron todo en agua de borrajas. Ahora, pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez está en funciones y se desconoce si finalmente será investido de nuevo presidente o si se irá otra vez a elecciones, las comunidades autónomas están tomando posiciones. Una vez más, se dividen en dos bloques. El frente Noroeste suma a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y tal vez Extremadura. Todas ellas defienden un reparto "solidario y justo" que tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos y que sean de calidad con independencia de dónde se resida. Eso supone tener en cuenta criterios como el envejecimiento, la orografía, la dispersión y el reto demográfico.

Del otro lado se organizan la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares „y puede que Madrid„ para apuntalar la defensa de un sistema que consideran "más justo" para estos territorios, que a su entender debe sustentarse en el número de habitantes, y si acaso en la ordinalidad, entendida como que las comunidades con más capacidad de recaudación fiscal sean las que más fondos reciban. Los empresarios de Galicia, Asturias, Cantabria y León ya dieron los primeros pasos para reactivar un frente, abierto a organizaciones sindicales y a los poderes autonómicos, que sirva para presionar al Gobierno en las negociaciones. El Ejecutivo de Galicia que encabeza Alberto Núñez Feijóo remarcó ayer su mensaje: "Nosotros mantenemos nuestros compromisos con las comunidades autónomas del Noroeste, por supuesto, tanto en infraestructuras como en financiación".

Mucho más explícito fue el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Así incidió en que poner sobre la mesa el planteamiento del frente de Levante "es un disparate y sería un absoluto desastre. El criterio que se debe establecer es el de justicia, y eso va en función del coste de los servicios públicos, y en eso influye la edad de los habitantes, la dispersión que provoca la orografía, y la lucha contra el despoblamiento que afecta a una gran parte de España", remarcó.

El economista y director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) asegura que "tener en cuenta la población sin más no es un criterio válido".