Los transportistas de materias peligrosas, en huelga desde el lunes en Portugal, anunciaron ayer que no acatarán la intervención legal decretada por el Gobierno, que les obliga a trabajar bajo penas de prisión si se niegan, y que dejarán de cumplir los servicios mínimos. "Nadie va a cumplir ni servicios mínimos ni requisición civil (nombre jurídico de la intervención), no van a hacer absolutamente nada", declaró el portavoz del sindicato de transportistas, Pedro Pardal Henriques, a periodistas.
El Gobierno portugués les advirtió ayer de que se pueden enfrentar incluso a penas de prisión y avisó de que la intervención de la huelga puede ampliarse si al final del día se constata el incumplimiento de los servicios mínimos. La situación fue calificada de "grave" por el ministro de Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, quien precisó que los militares tuvieron que hacerse cargo del transporte de combustible desde Loulé al aeropuerto de esa ciudad, una tarea que estaban obligados a hacer por ley los transportistas.
La decisión de intervenir la huelga generó un malestar entre los transportistas que estalló ayer, cuando el portavoz del sindicato que les aglutina, Pedro Pardal Henriques, que advirtió de que los trabajadores no acatarían esa obligación legal de ir a trabajar.
