25 de agosto de 2019
25.08.2019

Dos juezas en la picota

Los casos de María Jesús García, exestríper y tarotista, y Coro Cillán, internada en un psiquiátrico, revelan la complejidad de marcar límites entre la vida privada y pública de los magistrados

25.08.2019 | 09:25
María Jesús García Pérez, recién nombrada titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de A Coruña

Una magistrada exestríper y tarotista que busca novio en televisión, y otra recluida en un psiquiátrico, aislada, supuestamente con problemas de alcoholismo y obsesionada con el comisario Villarejo y su supuesta persecución para hundirla. Ambos casos han puesto sobre la mesa una polémica que es motivo de discusión y de análisis en las escuelas jurídicas españolas. ¿Es posible expulsar de la carrera a los jueces por las actividades o acciones que realicen en el ámbito de su vida privada? La respuesta es no, aunque hay quien defiende que se debería.

El juez Agustín Azparren, en excedencia y experto en disciplina judicial, conoce bien ambos casos. Sobre todo el de la peculiar "magistrada pitonisa" María Jesús García Pérez, recién nombrada titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de A Coruña. A él le correspondió estudiar si era posible o no sancionarla cuando decidió ser estríper en Canarias, porque por aquel entonces Azparren era vocal para el archipiélago y miembro de la Comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El origen del conflicto fue que la magistrada, estando de guardia, se fue al gimnasio y en ese tiempo hubo un detenido. La Guardia Civil fue a buscarla para poner al arrestado a disposición judicial. Su respuesta fue que estaba ocupada y que esperaran al día siguiente. Así que el hombre pasó 24 horas más en el calabozo. La magistrada fue suspendida de empleo y sueldo durante un año.

Decidió entonces ser estríper para ganarse la vida durante ese periodo de tiempo, pero una vez incorporada a un juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria, continuó ejerciendo esa "afición". El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que lo trasladó a la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial.

"Se estudió, pero nunca se llegó siquiera a incoar expediente disciplinario ni llegó a haber denuncia. Solo se planteó a nivel teórico porque había dudas de si debería o no haber pedido la compatibilidad, porque las actividades artísticas están exentas de solicitarlo y habría duda de si se podría considerar como artística o no", explica Azparren, rechazando así que la magistrada "ganara" al CGPJ, como se ha contado.

Después de estríper, la magistrada María Jesús García Pérez, atraída desde siempre por el esoterismo, decidió dedicarse a echar las cartas y repartió pasquines anunciando su actividad en Lugo, donde estaba destinada como jueza de Vigilancia Penitenciaria. Con tan mala suerte, que uno de ellos lo dejó en el parabrisas de un magistrado de la Audiencia Provincial de esa comunidad. Una periodista acudió a la "consulta" de la magistrada, para confirmar que efectivamente echaba las cartas.

"Ella alegó que quien echa las cartas es el asistente que tiene en casa, y que ella solo le ayuda repartiendo pasquines en el ámbito de su vida privada. Como no había pruebas, el caso se tuvo que archivar", explica el magistrado.

Surge entonces la discusión sobre si se debe y se puede sancionar a un juez por lo que haga en su vida privada. "Apenas hay posibilidades, así que lo que se plantea es si éticamente son correctos algunos comportamientos. Pasa también con la libertad de expresión. Como ciudadano tienes tus opiniones, pero luego tienes que juzgar y absolver o condenar, y se te puede acusar de que pierdes la imparcialidad", razona Agustín Azparren.

Las escasas posibilidades de sanción y expulsión de la carrera judicial se deben a que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 se eliminaron del ámbito disciplinario las conductas privadas de los jueces y magistrados. La razón es que la anterior, denominada "provisional" y que databa de 1870, preveía la siguiente falta disciplinaria en su artículo 734: "Los jueces y magistrados serán corregidos disciplinariamente (...) cuando por la irregularidad de su conducta moral o por vicios que les hicieren desmerecer en el concepto público comprometieron el decoro de su ministerio". En la dictadura de Franco se utilizó esta falta para expulsar a jueces homosexuales y con su eliminación se pretendía que no se pudiera utilizar contra la libertad judicial.

"El caso de la magistrada García Pérez y su condición de estríper lo planteé en congresos internacionales de la judicatura en distintos países y no tuvieron duda de que era sancionable y además muy duramente. Pero aquí ni hubo denuncia, ni se pudo incoar. Solo lo pude plantear a nivel teórico", señaló el juez Azparren.

Esto no significa que la "magistrada pitonisa" no haya tenido sanciones. De hecho, lo fue, por ejemplo, por fumar en la sala de vistas, en un descanso entre un juicio y otro, y tuvo también quejas de los abogados porque llevaba un gato a las vistas orales.

La última "actuación" de la "magistrada pitonisa" es bien reciente: envió un vídeo a un programa de televisión para buscar pareja: "Hola. Me llamo María. Estoy buscando el amor en 'First Dates'. Tengo 56 años pero como veréis, represento mucho menos y, por eso, quiero un hombre más joven. O, aunque sea como yo, pero que se conserve muy bien. De todas formas, también me importa el interior. Prefiero que comparta mis aficiones. Sobre todo el deporte, los animales y el mundo esotérico. Un saludo".

Una vez más, atañe a su vida privada.

Más compleja es la historia de la magistrada María del Coro Cillán y García de Iturrospe, la primera que señaló al comisario José Manuel Villarejo como un "corrupto" con poderosos amigos. A ella le costó, según cuentan, hasta la cordura. Muchos años después, los hechos parecen demostrar que ella tenía razón, porque él está en prisión como presunto autor de los supuestos delitos de miembros de organización criminal, cohecho y blanqueo de dinero.

El castigo de Coro Cillán empezó cuando abrió la causa del 11-M como titular del juzgado número 43 de la Plaza de Castilla (Madrid) y empezó a investigar a Juan Jesús Sánchez Manzano, en aquel entonces jefe de los Tedax (los especialistas en desactivación de artefactos explosivos) por una supuesta falsificación de pruebas. La Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa, pero según quienes conocen la historia, Villarejo no lo hizo.

La magistrada se sintió vigilada y acosada, pero hubo otro hecho posterior que empeoró las cosas. El exfinanciero Javier de la Rosa denunció ser víctima de amenazas y coacciones porque tenía información sobre unas supuestas cuentas en Suiza de Jordi Pujol, el expresidente de Cataluña. Lo denunció, y el caso le tocó a Coro Cillán, que desconocía la relación entre los dos hombres. De la Rosa acabó desdiciéndose.

Cuando Cillán se enteró del entramado, interpuso una denuncia contra Villarejo que fue desestimada por falta de pruebas.

Por el medio, la magistrada fue acusada de prevaricación. Ordenó cerrar un local de Madrid y nombró como administrador a un amigo suyo. Esto le supuso la inhabilitación, hace cinco años, y a partir de ahí todo fue a peor.

Esta mujer, de buena familia de San Sebastián, y a la que todos conocían por su capacidad, su inteligencia y por su tardanza en dictar sentencias, acabó refugiándose en el alcohol. Incluso se la llegó a situar como indigente durmiendo en el Intercambiador del Metro de Plaza de Castilla.

La sanción más grave en la carrera judicial es la suspensión durante tres años de empleo y sueldo y luego, por supuesto, la expulsión. La magistrada Cillán ya había tenido una sanción de tres años de suspensión hacía muchos años, pero su final fue de inhabilitación y reclusión.

Ahora permanece en un centro de rehabilitación donde se interna a personas incapacitadas legalmente y con graves trastornos psiquiátricos, aunque según distintas fuentes, no hay constancia de que se la haya incapacitado. Tampoco es posible hablar con ella.

Son casos "curiosos" de la carrera judicial, en la que las sanciones son más habituales de lo que la ciudadanía supone. Y las restricciones a las que se ven sometidos los jueces son múltiples y muy estrictas. Pero solo cuando se visten la toga.

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