Guerra de informes entre Galicia y el Gobierno central a cuenta de la financiación autonómica. Después de que el Ministerio de Hacienda alegase un informe del Abogacía del Estado para justificar que tenía las manos atadas para actualizar el grueso de esos fondos —casi 7.000 millones de euros— por estar en funciones y con los presupuestos prorrogados, aunque prometió buscar fórmulas legales para sortear esa barrera, la Xunta contraatacó con otro informe, en este caso de la Asesoría Xurídica autonómica, que ofrece un punto de vista opuesto y coincidente con la reclamación del Ejecutivo gallego.

Este último documento considera que existe margen legal para que un Gobierno en funciones y con presupuestos prorrogados acometa decisiones justificadas por "urgencia" o "razones de interés general", caso de los citados fondos.

Las entregas a cuenta constituyen los adelantos a las comunidades de su parte de la recaudación. El año pasado, el Gobierno comunicó a las autonomías la previsión para este año y según ese dato estas elaboraron sus presupuestos. Sin embargo, el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez no logró la aprobación de sus presupuestos y ahora se encuentra en funciones. Por tanto, las autonomías reciben los mismos fondos que el año pasado. En total, este año deberían recibir casi 7.000 millones más, de los que 330 corresponden a la Xunta, que también reclama un mes de recaudación de IVA e incentivos hasta elevar la cifra a 700 millones. Esta situación se produjo ya el año pasado. Entonces, era el PP quien dirigía en funciones el Gobierno y condicionó las entregas a cuenta a la aprobación de sus presupuestos. Estos lograron luz verde en julio.

Ahora, el calendario se aprieta. El retraso en los pagos "supondría un grave quebranto" para Galicia, que se vería obligada a "estudiar la opción de medidas de restricción de gasto", según la Asesoría Xurídica, en un año preelectoral, pues están previstos comicios autonómicos en 2020. El vicepresidente Alfonso Rueda y el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, presentaron ayer este informe, que, a diferencia del encargado por el Ministerio de Hacienda, es público.

Martínez aseguró que la situación es "inédita, urgente y sin precedentes", aunque descartó denunciar en los juzgados a Hacienda, como ha anunciado Cataluña. "No es el momento de la vía jurídica; no creemos en ese tipo de soluciones de carácter bilateral o de quién es más listo que otros", alegó.

Sin embargo, esa denuncia añadiría más presión sobre el Ejecutivo, según la líder del BNG, Ana Pontón. Por su parte, el portavoz del grupo mixto, Luís Villares, propuso un cambio de ley para "desbloquear" los fondos y el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, reiteró que son las "dificultades legislativas" las que frenan esos pagos. Con nuevo Gobierno, serán inmediatos, aseguró.