El bloqueo político afronta las dos semanas decisivas para que prospere la investidura de un presidente del Gobierno. Esa situación condiciona también las finanzas de las comunidades autónomas, que reclaman casi 7.000 millones de euros pendientes y que el Ministerio de Hacienda ha prometido liberar, a pesar de que hasta ahora ha alegado estar atado de manos por estar en funciones y sin presupuestos generales para este año. Setecientos millones corresponden a Galicia, que no solo advierte de la opción de aplicar recortes a finales de año si no recibe ese dinero, sino que baraja prorrogar sus cuentas para 2020 en caso de mantenerse la situación, lo que limitaría su margen de gasto para afrontar nuevos proyectos e inversiones. La oposición acusa a la Xunta de usar esa alerta de forma "partidista" para "confrontar" con el Gobierno central del socialista.
Desde finales de julio, el presidente de la Xunta ha reconocido las dificultades económicas para Galicia ante el citado bloqueo, que podría derivar en recortes de gasto. La última vez que condicionó el presupuesto gallego de 2020 al pago de la deuda y a los datos sobre los fondos estatales que le corresponderían fue el pasado jueves. Acusó a Hacienda de "estrangular" a las autonomías y propuso liberar los fondos por decreto-ley.
Cuentas de 2020
La oposición arremetió ayer contra su discurso y lo instó a trabajar en las cuentas gallegas para 2020, año en que se celebrarán elecciones autonómicas, pues Feijóo descartó el sábado adelantarlas. El PP replicó reconociendo que no es "imposible" elaborar un presupuesto, si bien es un riesgo. "Si usted tiene que hacer un plan de gasto para el año que viene y no sabe cuántos recursos va a tener, puedes meterte en un lío porque igual se presupuesta hasta más de lo que se puede gastar", ilustró su portavoz parlamentario, Pedro Puy.
El socialista Xoaquín Fernández Leiceaga recordó que la Xunta ya adelantó su proyecto presupuestario en otras ocasiones e incluso lo aprobó antes de que entrase en vigor el estatal. Por ejemplo, a finales de 2016 prorrogó sus cuentas para 2017 al no poder aprobarlas por los comicios autonómicos y el Parlamento les dio luz verde en febrero, si bien no entraron en vigor cuestiones como la subida salarial a los funcionarios hasta que lo hicieron las estatales, lo que sucedió en junio.
La legislación gallega establece la obligación de remitir el plan económico de la Xunta a la Cámara antes del 20 de octubre de cada ejercicio.
Fernández Leiceaga apeló a desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. "La forma más fácil de resolverlo es que exista un Gobierno en España con todas las funciones", expuso.
"Si no lo hay, el Ministerio de Hacienda tiene que dar una solución", añadió, tal y como informó Europa Press.
Luca Chao, de Grupo Común da Esquerda, tachó de "auténtico despropósito" la prórroga de las cuentas y se preguntó si "porque no haya Gobierno en el Estado el Gobierno gallego deja de tener responsabilidad y funciones".
La líder del BNG, Ana Pontón, tachó de "mala solución" esa hipotética prórroga y acusó al presidente Núñez Feijóo de estar "enrocado a ver si hace mejor oposición que [Pablo] Casado", en alusión al presidente del PP.
Por su parte, Luís Villares, portavoz del grupo mixto, abogó por una reforma legal pactada que permita aclarar qué medidas puede aplicar un Ejecutivo central en funciones para evitar conflictos como el que se ha generado en relación con las cuentas.
