El pulso entre el Gobierno socialista en funciones y las comunidades, con Galicia al frente, sobre los fondos autonómicos pendientes que tensionan las finanzas de estas últimas avanza. La Xunta propone al Ejecutivo de Pedro Sánchez un decreto ley que permitiría liberar más alrededor de 9.000 millones de euros, de los que 700 corresponden a la administración dirigida por el popular Alberto Núñez Feijóo.
El presidente gallego avanzó esta mañana en el Parlamento que remitirá a Sánchez una carta para desbloquear el pago de esos fondos, de los que unos 7.000 corresponden a las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y 2.000 a la recaudación de un mes de IVA pendiente. En el caso gallego, se trata de 335 en el primer caso y 198 en el segundo, más incentivos por disciplina fiscal.
El Ministerio de Hacienda prometió hace unas semanas liberar esos pagos antes de diciembre incluso en el caso de que se repitiesen las elecciones generales, a pesar de haber alegado que estar en funciones y sin presupuestos generales para este año en vigor -sus cuentas fueron tumbadas en el Congreso y gobierna con las del PP de 2018- le impedía entregar ese dinero.
En el Parlamento, Feijóo reveló que también enviará a Sánchez el informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta que contrarresta el de la Abogacía del Estado y sostiene que un Gobierno en funciones puede actualizar las entregas a cuenta. Por ello, incluirá en el paquete una propuesta de decreto ley para aprobar la próxima semana en el Congreso y realizar los pagos pendientes a las autonomías.
Esta cuestión centró la sesión de control parlamentaria en la que debutó como líder de la oposición y al frente del PSdeG Gonzalo Caballero, cuyo enfrentamiento con Feijóo acaparó el protagonismo.
Caballero exigió a Feijóo que "abandone la confrontación" y lamentó que "convirtiese la legislatura en una especulación sobre su futuro", en alusión a la incertidumbre sobre si el presidente de la Xunta optará a un cuarto mandato el año que viene.
El líder socialista recordó a Feijóo que la administración del PP de Rajoy también frenó las entregas a cuenta hasta lograr aprobar sus presupuestos generales, si bien el titular de la Xunta replicó recordando que mantuvo su exigencia de que pagase ese dinero incluso si no lo conseguía.
