01 de octubre de 2019
01.10.2019
La Opinión de A Coruña

Casi 1.300 propietarios afrontaron en una década el derribo de casas o naves ilegales

Solo en el primer semestre de este año, las piquetas de la APLU ejecutaron 73 demoliciones || Pontevedra y A Coruña concentran más del 80% de las reposiciones

30.09.2019 | 20:43
Vivienda derribada el pasado mes de abril en Cambre, levantada en suelo rústico.

Casi 1.300 viviendas, naves o galpones fueron reducidas a escombros desde que la Xunta creó en 2008 la Axencia de Protección da Legalidad Urbanística (APLU). En lo que va de año, el organismo, con el que la Administración autonómica trata de poner coto a las edificaciones residenciales construidas sin licencia o levantadas en suelo rústico o en zona de costa no edificable, tumbó un total de 73 obras ilegales. La tipología constructiva más frecuente en suelos protegidos es la vivienda unifamiliar, pero en los últimos años han abundado casas prefabricadas, caravanas „éstas últimas muy habituales en zonas costeras„, incluso contenedores y remolques.

Las pesquisas de los inspectores urbanísticos de la Xunta, que peinan Galicia de norte a sur, junto con las denuncias de los propios ayuntamientos o de los vecinos buscan corregir el caos urbanístico que durante décadas imperó en toda la geografía gallega con la política del ti vai facendo. Año tras año, las piquetas y las palas de la APLU, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, baten récord de derribos. Solo en 2018 fueron 210 las demoliciones ejecutadas „75 en la provincia de A Coruña, 16 en la de Lugo, 10 en la de Ourense y 109 en la de Pontevedra„.

En el primero semestre de este año, fueron 73 las construcciones derribadas en la comunidad. La provincia de Pontevedra es la que concentra un mayor número de reposiciones ya que soporta una mayor presión urbanística: un total de 52 derribos, lo que supone el 70% del total. Entre enero y julio en A Coruña se demolieron 10 construcciones ilegales, al igual que en Lugo. En Ourense, tan solo una, según el balance de la APLU.

La mayoría de las irregularidades urbanísticas detectadas durante los primeros seis meses del año se concentran en suelo rústico (66%). También es habitual la construcción en zona de servidumbre de costas, que en el primer semestre derivó en 16 derribos en toda Galicia: dos en la provincia de A Coruña, dos en la de Lugo y los 12 restantes en la de Pontevedra. En núcleo urbano, las excavadoras demolieron dos edificaciones ilegales y una en suelo urbanizable.

En la provincia de A Coruña, las excavadoras de la Xunta actuaron en nueve concellos: Arzúa, Cariño, Cambre, Ferrol, Ponteceso, Zas, Ares, Outes, Valdoviño. En todos se derribo una construcción, salvo en Ponteceso que protagonizó do derribos.

En Lugo, las reposiciones afectaron en lo que va de año a ocho concellos: Outeiro de rei, Ribadeo, Viveiro, Pantón, Burela, Chantada, Xove y Barreiros. En Ourense se practicó una demolición, en Celanova. Y en Pontevedra, el concello de Vigo se coloca a la cabeza con cuatro derribos; seguido de Cangas, Bueu, Pontevedra, Vilanova y A Illa, con tres reposiciones ejecutadas. La lista en la provincia de Pontevedra se completa con una veintena de ayuntamientos más en los que las piquetas y las palas convirtieron edificaciones en solares.

Los expedientes de derribo suelen cerrarse en un año. Pero en algunos casos pueden prolongarse más de un lustro debido a los recursos interpuestos por los propietarios. Sin embargo, finalmente los propios dueños deciden demoler ellos mismos su propia casa ya que se enfrentan a multas coercitivas que aumentan a medida que avanza el proceso, pasando de los 1.000 euros de la primera sanción a los 10.000 de la última. De no hacerse cargo el propietario del derribo de la construcción ilegal, es la propia Xunta la que ejecuta la demolición con sus propios medios y después le pasa la factura.

De hecho, son cada vez más los propietarios que de manera voluntaria acometen el derribo de la obra declarada ilegal. Si hace unos años apenas llegaban al 80% en la actualidad ya son el 94%, según la memoria de la APLU de 2018. Uno de los motivos es la concienciación de los propietarios, que saben que tarde o temprano el lugar en el que edificaron se acabará convirtiendo en un solar. Pero también está el motivo económico. Y es que si el infractor acata la orden de derribo tiene una bonificación en la multa del 80%, pero si continúa el proceso se enfrentará a sucesivas sanciones hasta que finalmente la construcción sea tirada, bien por decisión del propietario o por las piquetas de la Xunta.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas