Desde hace ya más de un año la APLU, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, amplió su cartera de competencias al hacerse cargo de las demoliciones de obras menores en los concellos de menos de 5.000 habitantes. Se trata de aquellas infraestructuras que no necesitan licencia sino una simple comunicación previa, una categoría en la que enran galpones, gallineros o muros de cierre. Son precisamente estas construcciones las que generan la mayoría de infracciones en los ayuntamientos más pequeños, precisamente los que necesitan más auxilio de la APLU.
Estas obras se convirtieron en los últimos años en el principal motivo de crispación de los alcaldes y de conflicto en el rural, ya que las quejas de los vecinos no cesan cuando se cierra el camino o un paso con un vallado. Hasta tal punto que, en estos concellos cerrar un paso es el mayor delito; incluso más que hacer una casa en suelo rústico".
En la actualidad un total 78 concellos están adheridos a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). No obstante, este organismo actúa en cualquier punto de Galicia donde detecte alguna irregularidad. La recaudación de las sanciones interpuestas se reparte al 50% entre la Admnistración autonómica y los ayuntamientos por el farragoso papeleo que acarrea cada expediente.
