El Valedor do Pobo realizó durante el año 2018 un total de 24.771 actuaciones --con una media mensual de 2.063-- y tramitó 20.807 expedientes de queja, un 29% menos que en el anterior ejercicio (cuando el total de expedientes gestionados fue de 29.365). El foco, como es habitual, estuvo en los servicios públicos, sobre todo en sanidad, urbanismo y educación.
Al frente de la institución, María Dolores Fernández Galiño, tras entregar el informe al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha sido la encargada de presentarlo ante los medios, aunque ha recordado que no corresponde a su gestión en la institución, puesto que ocupó el cargo hace dos meses tras la salida de Milagros Otero, quien se vio envuelta en una polémica por un nombramiento.
En concreto, la salida de Otero se produjo unos meses después de que el Tribunal Supremo ratificase la nulidad del nombramiento del puesto de jefe de servicio de Administración y Personal, por "desvío de poder", a María Puy Fraga, sobrina del expresidente Manuel Fraga y hermana del portavoz parlamentario del PPdeG.
En esta coyuntura y acompañada de su equipo, Fernández Galiño se ha mostrado prudente y ha evitado profundizar en las valoraciones pese a las preguntas de los medios, a los que ha remitido al contenido estricto de la memoria. Sí ha remarcado que es lógico que sanidad y educación registren el mayor número de quejas al ser los servicios con mayor cantidad de usuarios.
También ha resaltado que el diálogo y la aceptación de las recomendaciones por parte de las administraciones, tanto en el ámbito autonómico como en el local --según lo que permiten los recursos de los municipios, más reducidos-- es positiva; y ha destacado que hace años que no es preciso hacer "una declaración de hostilidad". "Creo que desde 2006", ha apostillado.
Tras enfatizar que un total de 24.771 personas se dirigieron a la institución para presentar reclamaciones o pedir orientación y asesoramiento sobre sus problemas (una media mensual de 2.063), ha precisado que los expedientes de quejas (algunas las firman colectivos o diferentes reclamantes) se situaron en 20.807 (lo que supone una media mensual de 1.734).
La atención teléfonica se requirió en 2.939 ocasiones (con una media mensual de 244) y la presencial, en 1.025 (lo que supone una media mensual de 83).
Con la entrega del informe al presidente del Parlamento arranca la tramitación en la Cámara del documento, que será calificado y continuará con una comparecencia de la valedora ante la Comisión de Peticiones. La tramitación finaliza con su comparecencia ante el pleno.
Caen los expedientes de queja
El número de expedientes de queja tramitados cayó un 29% en relación a 2017 y es el más bajo desde 2014. El pico de quejas tramitadas, en todo caso, se alcanzó en 2016, con 64.937. La media mensual es de 1.734 expedientes, con un máximo de 9.044 en junio y un mínimo de 171 en enero.
Hay varias quejas con un mismo asunto y diferentes reclamantes, como por ejemplo en el expediente que atañe al cierre del servicio de pediatría en el centro de salud de Coruxo o a la actuación de la APLU en el Ayuntamiento de Vilaboa.
También se sumaron 1.128 reclamantes en lo que respecta a la falta de accesibilidad de los informativos de la TVG a las personas sordas. Sobre este asunto, la valedora ha apuntado que la televisión pública gallega aceptó la recomendación y está pendiente de cerrar un convenio con la Consellería de Política Social para poder mejorar la situación.
Actuaciones de oficio
La institución promovió en 2018 un total de 43 actuaciones de oficio, por las que arrancó investigaciones sobre asuntos que, bajo su criterio, podrían generar un perjuicio importante a los afectados. Supusieron el 0,22% de los expedientes y el 1,58% de los asuntos. En torno a la mitad (22) de las actuaciones de oficio se iniciaron por asuntos de carácter social.
No en vano, la valedora ha incidido en que la institución vela por el respeto a los "derechos humanos", por lo que el área social es su principal foco de actuación de oficio. También dio pasos en otras cuestiones económicas, en defensa de la cultura y derechos lingüísticos y frente a la discriminación por razón de orientación sexual y de identidad de género.
Entre los casos abordados, ha explicado que se preocupó por una familia a la que se había suspendido el pago de la Risga por hacer trabajos de "remuneración marginal". La recomendación fue revisar el criterio en este caso y regularlo de forma más amplia, lo que el departamento autonómico --ha destacado Fernández Galiño-- llevó a cabo.
En cuanto a la evolución de las quejas de oficio, la valedora ha explicado que van a más en los últimos ejercicios, si bien en 2017 se computaron 224 frente a las 43 de 2018. La explicación es que el pasado año arrancaron 200 que afectaban a todos los municipios rurales o de menos de 5.000 habitantes, para conocer sus problemas específicos en el área social.
Vigo, la población con más quejas
El informe del Valedor hace constar que de fuera de Galicia provienen 206 quejas y 20.558 de dentro de la comunidad, siendo Pontevedra (con 12.722) la provincia con más reclamaciones; le siguen A Coruña (4.658), Ourense (2.351) y Lugo (827).
Por ayuntamientos, la población desde la que se presentaron más quejas ante el Valedor fue Vigo (7.381), seguida de Vilaboa (3.304) y de Ourense (1.275). La causa por la que destacan estas tres localidades es porque se promovieron reclamaciones colectivas.
En concreto, en Vigo se promovieron por el cierre del servicio de pediatría en el Centro de Saúde de Coruxo y por la habilitación de una playa canina; desde Vilaboa, por la actuación de la APLU en el ayuntamiento; y desde Ourense, por una senda ciclista y peatonal.
Así las cosas, el Ayuntamiento que recibe más quejas de Galicia es Vigo --1.122 quejas (1.090 sobre desacuerdo con la designación de la mencionada designación de un arenal de Vigo como playa canina)--. Del resto de Consistorios de grandes ciudades, A Coruña recibió 57; Ferrol, 21; Santiago de Compostela, 179; Lugo, 27; Ourense, 25; y Pontevedra, 22.
En cuanto a las diputaciones, contra la que se promovieron más quejas es la de Lugo, con 136 (122 sobre mal estado de las carreteras provinciales en parroquias de O Saviñao). Le siguen las Diputaciones de A Coruña (13) y Pontevedra (5). La de Ourense no ha registrado ninguna.
La mayoría de las quejas, admitidas
En cuanto a la situación de las quejas, fueron admitidas un total de 20.420, mientras que 336 no se admitieron y 51 fueron remitidas a otras asesorías. De las admitidas, en 15.336 concluyó el procedimiento y 5.084 están en trámite.
Por otra parte, 51 fueron remitidas a otras defensorías por ser de su competencia.
Sanidad, urbanismo y educación
Los asuntos sobre los que se quejan los gallegos no ofrecen grandes novedades en relación a ejercicios previos. Así, las áreas que concentran un mayor número de reclamantes o quejas fueron las de sanidad, con 8.437 (40,55%); urbanismo, con 3.512 (16,88%); y educación, con 2.390 (11,49%). También hay quejas numerosas en otras áreas como servicios sociales y medio ambiente, así como obras públicas y expropiaciones.
En total, el 86,77% de las quejas atañe a la Administración autonómica (19.456), frente al 12,40% de los ayuntamientos (2.782), un 0,69% (154) a las diputaciones provinciales y un 0,14% (31) a las universidades gallegas.
Por Consellerías, las que aglutinan más quejas son las de Sanidade --con mucha diferencia con respecto al resto--, Medio Ambiente, Educación, Infraestruturas e Vivenda y Política Social.
Si la distribución se hace por número de asuntos, las que encabezan el ránking son nuevamente Sanidade y Política Social.
