03 de octubre de 2019
03.10.2019
La Opinión de A Coruña

Las solicitudes de Justicia gratuita denegadas baten récord con casi el 20%

La mejora de la situación económica deja fuera del turno de oficio a casi 7.300 demandantes en 2018 || La huelga del sector hace caer los expedientes un 8,5%

02.10.2019 | 22:15
Las solicitudes de Justicia gratuita denegadas baten récord con casi el 20%

Cada día 110 gallegos solicitan un abogado de oficio, pero una veintena no lo logran. La mejora de la situación económica permitió durante los últimos años el aumento de los ingresos en los hogares de la comunidad, por lo que ciudadanos que contaban con tener derecho a asistencia jurídica gratuita finalmente quedaron excluidos y tuvieron que costearse un abogado de su bolsillo. En la última década fueron más de 68.000 los usuarios que vieron denegada su petición al turno de oficio por superar los ingresos económicos que marca la Xunta para entrar en el programa de Justicia gratuita. En 2018 las peticiones rechazadas en la comunidad alcanzaron las 7.287 de los 39.827 expedientes tramitados, según el balance de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Presidencia. En total, el 18,2% de los solicitantes se quedaron fuera del turno de oficio en 2018: un punto más que el ejercicio anterior y un porcentaje que se convierte en el más alto desde que la Xunta asumió las competencias de Justicia en 1995.

Durante los últimos diez años, el volumen de peticiones denegadas se movió entre las más de 4.700 contabilizadas en 2009 y las 7.900 de 2015. De las casi 7.300 rechazadas el año pasado, solo A Coruña y Pontevedra concentraron más del 80% de los ciudadanos que se quedaron a las puertas por superar la renta o las propiedades mínimas fijadas para acceder al turno de oficio. Y es que por unidad familiar no se puede superar el doble del salario mínimo interprofesional. Con excepciones, para víctimas de violencia de género, de terrorismo y de tráfico de seres humanos la gratuidad es total sin considerar el límite económico fijado por ley.

Pontevedra se coloca a la cabeza, con 3.845 expedientes del turno de oficio a los que se dio carpetazo. Le sigue A Coruña con 2.172. De lejos, Ourense y Lugo, con 656 y 614, respectivamente.

Fue en 2013 cuando se registró el mayor número de demandantes del turno de oficio en Galicia (más de 49.000) frente a los apenas 33.000 de 2008. Pero el estallido de la crisis, con miles de familias ahogadas por los desahucios, los embargos por hipotecas impagadas, deudas, despidos o quiebras de empresa, disparó las peticiones de asistencia jurídica gratuita. Desde 2010, se superó la barrera anual de los 40.000 solicitantes, con el pico máximo en 2013 con casi 49.200. Tras varios ejercicios a la baja por la derogación del tasazo implantado por el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón y la mejora de la situación económica, la demanda volvió a crecer en 2017 (6%). Detrás de este repunte están los ciudadanos a los que la crisis golpeó de lleno y aún no lograron capear los números rojos en sus cuentas, de ahí el aumento de las reclamaciones por desahucios y cláusulas suelo.

Pero en 2018 el volumen de peticiones de Justicia gratuita en Galicia se quedó por debajo de las 40.000 peticiones. En concreto fueron registradas 39.827, un 8,5% menos que las casi 43.500 del año anterior. El factor determinante que explica este descenso, según apuntan desde el Consello da Avogacía Galega, es la huelga de justicia que durante tres meses paralizó los órganos judiciales de toda la comunidad.

Ahora bien, si no se tienen en cuenta los tres meses del paro en el sector de la judicatura, la media diaria de los 9 meses restantes deja un saldo de 150 peticiones diarias frente a las 120 del ejercicio anterior, lo que se traduce en realidad en un aumento del 25%.

El grueso de las demandas al turno de oficio se concentra en el ámbito penal (casi 24.000), seguido del civil (más de 12.000). De lejos, las peticiones para el ámbito social (casi 1.700), y el contencioso-administrativo (945).

Desde que la Xunta asumió las competencias de Justicia en 1995, el coste del turno de oficio se ha triplicado. De los 3 millones que el Ejecutivo autonómico asignó entonces para la asistencia legal gratuita se ha pasado a desembolsar el año pasado más de 9,5 millones.

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