El Gobierno central en funciones desbloqueará "en los próximos días" el pago de las entregas a cuenta actualizadas a las comunidades, que suponen 4.500 millones de euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó ayer que las entregas a cuenta ya disponen del informe favorable de la Abogacía del Estado y se van a aprobar en unos días, aunque no ha querido confirmar si será en el Consejo de Ministros de este viernes. Con esta medida Galicia se asegura 330 millones correspondientes a las entregas a cuenta pendientes de este 2019. Es una parte de los 700 millones que la Xunta reclama en materia de financiación autonómica al Estado.
La ministra cree que con la aprobación de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se sentará un "precedente" que el Gobierno quiere plasmar en la ley de financiación, para desligarlas para siempre de los presupuestos generales del Estado.
Pese a las dudas jurídicas expresadas por algunos técnicos, la abogada general dio finalmente el visto bueno a Hacienda para liberar esos fondos a través de un resquicio legal, clave para evitar recortes por parte de los Gobiernos autónomos.
En una entrevista con EFE, Montero considera que se va a producir un "hito" en la financiación autonómica con esta medida, al desligar también las entregas a cuenta de que el Ejecutivo esté o no en funciones, y que al mismo tiempo permite que "no haya excusa" para que las comunidades autónomas dejen de aprobar sus propios presupuestos. Considera además que la decisión del Gobierno de dar ahora estos adelantos sienta un "precedente fundamental" para la arquitectura y la vertebración territorial, porque permite a futuros Ejecutivos hacer lo mismo cuando sea necesario, y que no haya "excusas" para que las autonomías puedan elaborar sus cuentas.
El desbloqueo de los fondos que plantea Madrid supondría unos 330 millones para la comunidad gallega, una cifra que queda pendiente de ingreso pero ya presupuestada por la Xunta.
Esta cantidad no incluye toda la deuda que la Xunta reclama al Gobierno Central, y que alcanza los 700 millones entre una mensualidad del IVA del 2017 (170 millones) y compensaciones por cumplir con las reglas de gasto y déficit (200 millones). Es decir, solo se podría liquidar menos de la mitad de lo que le corresponde.
El Gobierno gallego fue tirando de nuevas pólizas de crédito y de retrasos en los pagos a proveedores (aún por debajo de los 30 días que marca la norma) para evitar recortes de servicios públicos que otras comunidades sí han anunciado.
Fuentes de la Consellería de Facenda señalaron que no tienen novedad sobre esos pagos. En todo caso, el Gobierno gallego no renuncia a ninguna vía para poder percibir íntegramente los 700 millones que le adeuda el Estado desde la era Rajoy.
