¿Cómo ha llegado la Xunta a las casi 1.300 construcciones fraudulentas ya derribadas en Galicia? Para hacer aflorar las obras ilegales levantadas por todo el territorio gallego, son varias las vías y fuentes de información con las que trabaja la APLU. El trabajo de campo de los propios inspectores de la agencia es el que aporta mayores resultados, ya que el 50% de los expedientes de derribo abiertos en la comunidad, según el balance de 2018, fueron a raíz de su rastreo por todo el territorio gallego.
Las denuncias de los ayuntamientos también derivan en un gran volumen de expedientes, en concreto dos de cada diez se inician a raíz de la información facilitada desde el propio concello.
La ciudadanía también están cada vez más implicados en la lucha contra el desorden urbanístico, según refleja el porcentaje de procesos de demolición que se inicial tras las quejas de los vecinos (15%).
La intervención del Estado, a través de Costas, dio paso el año pasado al inicio del 8% de los expendientes de reposición de la legalidad urbanística abiertos por la APLU.
