La ONG Client Earth publicó un estudio en el que acusa a España, Francia y Dinamarca de fallar al aplicar la norma comunitaria que obliga a desembarcar todas las capturas: la eliminación de los descartes pesqueros. El trabajo, a cargo del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidma), considera que no garantizar la aplicación correcta de estas medidas puede amenazar la sostenibilidad de las poblaciones de peces.
El informe analiza las deficiencias que existen en la aplicación de esta obligación y propone recomendaciones. Considera que España, Dinamarca y Francia no realizaron un control y una monitorización suficientes para reducir el número de descartes y capturas no deseadas.
La entidad apunta a la resistencia y la oposición del sector como un obstáculo para su aplicación por parte de las autoridades españolas, que afirman que intentan mejorar las técnicas de selectividad de las artes de pesca y aumentar el control.
