La Xunta ampliará su maquinaria para combatir los desmanes urbanísticos que durante décadas se permitieron por toda la geografía gallega. A los rastreos por tierra de los inspectores, que peinan Galicia de norte a sur, se sumarán el próximo año los controles desde el aire con drones. Con aeronaves no tripuladas, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), departamento dependiente de la Consellería de Medio Ambiente creado en 2008, se propone estrechar el cerco sobre los puntos calientes de obras ilegales y sobre zonas de difícil acceso. El Gobierno gallego emula así el sistema utilizado desde 2013 por el Ministerio de Hacienda para detectar construcciones no declaradas; desde piscinas ilegales o ampliaciones de inmuebles, hasta garajes o terrazas, aunque solo fue con fines fiscales y para regularizar el Catastro.
Las fotografías y los vídeos que aporten estos dispositivos a los técnicos serán claves para la apertura del correspondiente expediente sancionador y, en consecuencia, el derribo de la obra fraudulenta, ya sea una vivienda o nave levantada en suelo rústico o en zona de costa no edificable, un inmueble sin licencia, un galpón convertido en casa de fin de semana, o la instalación de casa prefabricadas, caravanas e incluso de contenedores y remolques en suelos protegidos.
Desde hace dos años, la APLU está a la espera de poder incorporar tecnología aeronáutica para hacer aflorar las irregularidades urbanísticas que todavía hoy continúan en pie en todos los ayuntamientos gallegos. El objetivo de la agencia de urbanismo gallega es poner fin a la política del ti vai facendo e instaurar el ti faino ben. Para ello, los presupuestos de 2020 incluirán una partida para que los servicios provinciales de la APLU pueden utilizar drones propios a modo de apoyo. "La intención es comenzar paulatinamente y a modo de experiencia piloto, focalizando los primeros vuelos sobre zonas especialmente conflictivas, con mayor presión urbanística y en las que las infracciones son más habituales", detallan desde la Consellería de Medio Ambiente.
Y es que desde que se creó la APLU en 2008, las piquetas y excavadoras de la Xunta tumbaron ya casi 1.300 construcciones ilegales en Galicia, en su mayoría viviendas. Las provincias de A Coruña y Pontevedra, en mayor medida esta última, concentran el grueso de las demoliciones, con más del 80% de las reposiciones ejecutadas en la comunidad. Sanxenxo, Nigrán, A Guarda, O Grove y Vigo, en Pontevedra; y Oleiros, Miño, Cambre, Valdoviño o Cedeira, en A Coruña, son algunos de los concellos con más derribos acometidos hasta la fecha.
"Contar con el apoyo de este tipo de instrumentos resultará de gran utilidad", destacan desde la APLU, ya que —advierten— será más fácil llegar por aire a zonas de difícil acceso para los inspectores que rastrean a diario los ayuntamientos gallegos en busca de construcciones ilegales. El hecho de que se apueste desde la Xunta por drones propios para la APLU permitirá que sean los inspectores de la agencia autonómica quienes operen con estas aeronaves no tripuladas. De esta manera, la vigilancia desde el aire ya se podrá realizar el próximo año con equipos propios de fotografía y vídeo.
A estos dispositivos se sumarán también, aunque todavía sin fecha cerrada, lo que apruebe el proyecto de la Civil UAVs Iniciative, liderado por Consellería de Industria y basado en una tecnología compleja y muy sofisticada por parte de diferentes de departamentos autonómicos y con diversos usos y aplicaciones.
