El año pasado, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente del Defensor del Pueblo, inspeccionó 111 lugares de privación de libertad repartidos por la geografía española. En Galicia se realizaron 6 visitas sorpresa. Los equipos se desplazaron sin previo aviso al centro penitenciario de A Lama, en Pontevedra; a los cuarteles de la Guardia Civil de Pontevedra y de Ribadavia (Ourense); a la Comisaría Provincial de Pontevedra, a la Unidad de Custodia Hospitalaria del Complejo Hospitalario de Pontevedra; y a los calabozos del Palacio de Justicia de Ourense. En total se alcanzaron en las inspecciones de la comunidad un centenar de conclusiones que derivaron en dos recomendaciones, 51 sugerencias y un recordatorio de deberes legales. Todas ellas aparecen recogidas en el Informe 2018 del Defensor del Pueblo que obra en el Congreso de los Diputados desde el mes pasado.
Los responsables del Mecanismo de Prevención de la Tortura captaron impresiones de los reclusos que cumplen condena en Galicia. En varias entrevistas mantenidas en A Lama refirieron haber recibido "algún tipo de maltrato o agresión" dentro de sus muros.
A los técnicos del Defensor del Pueblo les preocupa la inexistencia de libros donde se registren las quejas o denuncias de los reclusos sobre presuntos maltratos de los funcionarios. Son críticos además con las carencias en materia de videovigilancia, unos sistemas que consideran de importancia "para detectar y prevenir la tortura y los malos tratos".
Prisión de A Lama
En su visita sorpresa realizada los días 4, 5 y 6 de junio de 2018, los técnicos extrajeron 60 conclusiones que derivaron en 25 sugerencias dirigidas (y sin respuesta a día de hoy) a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Entre los reparos apuntados consta el "importante aumento del número de registros con desnudo integral", la inexistencia de protocolos sobre reconocimientos médicos, la escasez de personal sanitario, la poca dotación de los gimnasios o las deficiencias en la atención a la enfermedad mental. "Los internos del departamento de régimen cerrado refieren recibir visitas con poca frecuencia" recoge el informe del Defensor, que añade además que "las visitas del equipo de tratamiento son escasas y de duración breve". Los técnicos especifican que una "amplia mayoría" de los internos consideran que el régimen cerrado "ha tenido consecuencias para su salud física". "El porcentaje aumenta cuando se trata de la influencia en su salud mental", se apostilla. Ningún residente participa en el programa específico de atención a la enfermedad mental y el centro carece de registro de solicitudes de asistencia sanitaria de urgencia y de acceso a la historia clínica del interno del Sergas, recoge la memoria.
"Un elevado porcentaje de consultas con especialistas en el exterior se pierden por falta de efectivos policiales", relata el informe, que sugiere mejorar la asistencia psiquiátrica, al considerar insuficiente que un único especialista visite el centro dos veces al mes.
En la lista de asuntos pendientes, el Mecanismo de Prevención de la Tortura apunta mejoras en el registro de medios coercitivos empleados con los internos y "mayor proporcionalidad" en el uso de sujeciones mecánicas.
Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra
Dos técnicos del Mecanismo inspeccionaron el 18 de abril de 2018 las instalaciones, los libros de registro y los atestados. Tras la visita se sugirió ampliar la cobertura del sistema de videovigilancia, que no alcanza todas las zonas de custodia de los detenidos; así como asegurar la presencia de agentes en los calabozos cuando estén en uso. Entre las conclusiones se apunta la presencia de defensas de goma sobre una mesa próxima a las celdas. La inspección se hizo por sorpresa, con lo que también se constató que algunos agentes iban sin identificar. Tanto estas correcciones como la necesidad de dejar constancia a los detenidos de los mecanismos para comunicarse con los agentes fueron aceptadas por la Dirección General de la Guardia Civil.
Comisaría provincial de la Policía Nacional de Pontevedra
La visita, realizada el 17 de abril de 2018, derivó en 10 conclusiones. Las sugerencias de corrección inciden en la necesidad de ampliar la cobertura de la videovigilancia en las dependencias y de preservar las imágenes grabadas más de una semana. "Se informa muy escuetamente a los detenidos de los hechos que se les atribuyen", apuntan desde el Mecanismo, y recuerdan la obligación legal de informar por escrito a los arrestados de los hechos que se les imputan y de las razones que motivan la privación de libertad.
"No existe presencia constante de agentes en la zona de calabozos cuando hay detenidos", "no existe armero en las dependencias" o "los sistemas sonoros de llamada no funcionan correctamente" constan como otras incidencias apuntadas.
Unidad de custodia en el Complejo Hospitalario de Pontevedra
Las mejoras en las dependencias de custodia dependientes de la Xunta quedarán a expensas de la apertura del nuevo centro hospitalario de la localidad, según informó la Consellería de Sanidade al Defensor del Pueblo. Entre otras peticiones, emanadas de la visita realizada el 17 de abril de 2018, se pide dotar de sistema de climatización calor-frío y evitar sanitarios de cerámica en los aseos para evitar autolesiones de los reclusos. Se aconseja, por otra parte, crear un libro de registro de internos que detalle las situaciones detectadas durante su estancia hospitalaria.
Puesto de la Guardia Civil de Ribadavia (Ourense).
El informe del MNP es crítico con la utilización de las esposas en los traslados de los detenidos. A criterio del Mecanismo solamente deben utilizarse en los casos en que resulte "absolutamente necesario" sin comprometer, sobre todo durante los desplazamientos en vehículos, la indemnidad de las personas arrestadas. Las instalaciones supervisadas el 18 de abril de 2018 ofrecían carencias según los técnicos, relacionadas con la apertura no automatizada de todas las celdas y la existencia de ángulos muertos para la videovigilancia en las zonas de reclusión.
Los técnicos evidenciaron ante la Dirección General de la Guardia Civil que estas dependencias "carecen de agentes femeninas para realizar los registros personales a las mujeres detenidas". En caso necesario, se reclama su presencia a la comandancia.
Al igual que en otros registros, se detectaron fallos en el libro de registro, falta información en las actas de derechos de los detenidos y de custodia y en el material de higiene a disposición de los arrestados.
Dependencias de los calabozos del Palacio de Justicia de Ourense.
Tras la intervención del MNP el 19 de abril del año pasado, se reiteró a todos los agentes que trabajan en esta área de los juzgados la obligatoriedad de estar identificados en todo momento durante el ejercicio de sus funciones.
Al igual que en la mayoría de las inspecciones desarrolladas en Galicia con motivo del informe 2018, se apreciaron carencias en materia de videovigilancia. En este caso se cuestiona que solo se dé cobertura al acceso a través del garaje de la zona de custodia. Algo insuficiente a juicio del Defensor del Pueblo que sugirió a la Xunta, sin éxito, que se incorporasen sistemas de visión y grabación en el interior de las celdas y en todas las áreas en las que permanezcan las personas privadas de libertad, salvo en los aseos.
La administración autonómica rechazó instalar interfonos para garantizar la comunicación entre detenidos y agentes, otra de las peticiones del Mecanismo de Prevención de la Tortura para el Palacio de Justicia de Ourense.
Entre otras deficiencias el informe del Defensor apunta que los calabozos carecen de mecanismo de cierre que facilite la apertura rápida en caso de emergencia, así como el mal estado de conservación de las celdas y del corredor que les da acceso.
Tampoco consiguió el Defensor del Pueblo que la Xunta instalase un espacio para que las entrevistas entre abogado y cliente se pudiesen realizan en condiciones de confidencialidad. Desde la Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza se obvió esta sugerencia "dado que no se trata de espacios de reclusión o encierro", le explicitaron, y el tiempo de permanencia "va vinculado a la debida coordinación de los efectivos encargados de su conducción en la llegada y el efectivo comienzo de la actuación judicial".
