En 2015 el Ministerio de Medio Ambiente publicaba un mapa en su página web identificando todas las viviendas incluidas en el dominio público marítimo terrestre. El objetivo era claro. Permitir que todos los agentes inmobiliarios, propietarios y compradores supieran las limitaciones urbanísticas que afectan a las edificaciones próximas a la costa y que, si alguien quiere comprarlas, conozca previamente si está dentro del dominio público marítimo, porque se llevaría una sorpresa, ya que el titular sería el Estado y el ocupante, un inquilino sujeto a régimen de concesión. Pues algo muy similar va a hacer la Xunta en 2020. Habilitará una aplicación web para que los potenciales compradores de una vivienda conozcan directamente si sobre esa edificación pesa un expediente abierto por ilegalidad urbanística, ya que en el caso extremo podría acabar adquiriendo un bien inmueble sentenciado a ser derribado. Y el nuevo dueño, sin saberlo.
La Consellería de Medio Ambiente ya trabaja en el desarrollo de esta herramienta informática, pero pensada inicialmente para uso interno de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) con el fin de poder identificar sobre el territorio todas las parcelas y edificaciones sobre las que existió o está vigente un expediente de reposición. Porque desde su creación, en el año 2008, ha generado unos 3.000 informes disciplinarios, de los que alrededor de 1.300 acabaron con la demolición de la vivienda, galpón, nave, garaje, casetas prefabricadas, edificios o, a veces, meros esqueletos de hormigón de un proyecto que se quedó a medio camino.
Más allá del uso interno que podrá dársele a esta herramienta, lo que se buscará ahora es además dotar de la máxima seguridad jurídica al tráfico inmobiliario y reducir la posible indefensión del potencial comprador.
El sistema permitirá conocer de forma sencilla la ubicación georreferenciada de cada bien inmueble bajo inspección de la APLU y el tipo de expediente al que está sometido.
El grupo parlamentario del PP ha preguntado por el desarrollo de esta herramienta, consciente de que son numerosos los informes abiertos y de que existe la posibilidad de que alguna vivienda o incluso un edificio pueda ponerse a la venta sin informar de la existencia de un expediente, "lo que significaría una importante indefensión para el posible comprador". "Se pretende un doble objetivo. Por una parte, ganar en transparencia en la Administración. Así se ve cómo trabaja, dónde lo hace y que es una labor, la de la APLU, por toda Galicia y no solo centrada en una parte. Y por otra, dar seguridad jurídica a la gente, porque cuando alguien se interesa por un bien inmueble, si este tiene abierto un expediente urbanístico sin resolución firme, esta circunstancia no figura en Registro de la Propiedad", indica el diputado del PP Martín Fernández, autor de la iniciativa.
El caso es que este proyecto se comenzará a aplicar el próximo año. "La aplicación está muy avanzada. La idea es que el ciudadano pueda acceder fácilmente a ella e informarse ya en un primer momento sobre la existencia de algún expediente de reposición de la legalidad en tramitación o que está pendiente de cumplir una resolución", informan fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, de la que depende la APLU.
Los ciudadanos ya pueden dirigirse a la Xunta para recabar información, pero la aplicación web será más directa y ágil. "Teniendo en cuenta los propios condicionantes derivados de la complejidad de la materia y el número de expedientes, la previsión es que a lo largo de 2020 la herramienta pueda esta operativa, una vez se concrete y defina con el Instituto de Estudos do Territorio la forma más apropiada de mostrar la información al ciudadano a través de la aplicación de mapas de la Xunta", indica Medio Ambiente.
No será la única novedad con la que trabajará la APLU el próximo año. Tal y como avanzó la semana pasada este periódico, los inspectores de Urbanismo de la Xunta estrenarán en 2020 drones para localizar viviendas, naves o galpones ilegales por toda la geografía gallegas. Pero su labor de rastreo, centrada en aquellas zonas de difícil acceso para los técnicos, se centrarán en los puntos calientes de edificaciones irregulares: las provincias de A Coruña y Pontevedra.
