Crear unidades de élite para combatir incendios virulentos, ampliar a seis meses el contrato mínimo de los brigadistas de la Xunta, profesionalizar las cuadrillas municipales, aumentar los medios aéreos, constituir un mando único para coordinar todos los servicios de emergencia y, en especial, priorizar la prevención frente a la extinción. Estos son los ejes que marcarán la reforma de la Lei de Prevención e Extinción de Incendios que la Consellería de Medio Rural quiere tener lista para septiembre de 2020, justo cuando se acaba la legislatura. El caballo de batalla será la prevención. Y tras la firma a finales del año pasado de un convenio entre Xunta y Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para la limpieza de la maleza próxima a viviendas, al que ya están adheridos casi 240 ayuntamientos, ahora Medio Rural busca nuevas fórmulas para garantizar los desbroces. En donde no pueda actuar la empresa pública Seaga, con un coste de 350 euros por hectárea desbrozada, lo harán parados a través de los talleres de empleo que organice cada concello.

La Xunta prevé reformar la Lei de Prevención e Extinción de Incendios, en concreto del artículo 12, a través de la Lei de medidas fiscais e administrativas, más conocida como Lei de Acompañamento dos Orzamentos. Los convenios suscritos entre Xunta y Fegamp en materia forestal permitirán, a través de "programas de formación y práctica profesional", que los concellos encarguen las "tareas preventivas", es decir la limpieza de las franjas próximas a los núcleos de población, a parados. Serán obradoiros con "el objetivo de promover actuaciones de fomento de empleo".

Desde la Fegamp defienden este mecanismo como complemento al convenio suscrito con la Xunta para limpiar los montes próximos a viviendas. El órgano de poder local defiende que estos obradoiros para parados supondrán "un punto de apoyo" para "agilizar la gestión de las franjas secundarias de titularidad municipal que tienen que abordar los concellos". Tras un periodo de formación sobre el uso de los equipos de seguridad, y el manejo de la maquinaria, los asistentes a estos talleres realizarán desbroces, retirarán madera quemada, eliminarán acacias, plantarán frondosas y realizarán el aclarado y la poda de arbolado, según detallan desde Medio Rural.

Tras la ola de incendios de 2017, que en solo tres días devoró casi 50.000 hectáreas, Xunta y Fegamp asumieron la limpieza de las franjas de seguridad alrededor de las casas „un perímetro de los 50 metros„ previo consentimiento de los particulares y por 350 euros la hectárea. El objetivo era limpiar este año 4.500 hectáreas, pero dado el desinterés de los dueños y la existencia de muchas fincas sin propietario conocido, parece difícil llegar a ese volumen. Y el reto que se han marcado para 2022 es un desbroce total de 16.000 hectáreas, un objetivo ambicioso al ritmo que avanza el plan.

Para los sindicatos, los talleres de prevención de incendios para parados es un parche que solo busca un ahorro a las arcas públicas. "La Xunta quiere fomentar la prevención, volcando el trabajo en las brigadas municipales y en Seaga. Y todo eso tiene un coste, pero con los obradoiros de empleo los fondos vienen de Europa", apunta Alejandro Rodríguez, coordinador federal de Agentes Forestales en Comisiones Obreras. "Tanto extinción como prevención deben estar en manos de un servicio potente y único que dependa de la administración autonómica", defiende Rodríguez, quien además matiza que cuando se produce un incendio de alcance los agentes forestales no colocan a las brigadas municipales en primera línea. Por ello, el representante del sector en CCOO rechaza la fórmula de los obradoiros para tareas de prevención ya que es una actividad que debe ser atendida por profesionales.

Rodríguez se pregunta si en la actualidad Galicia cuenta con equipos adecuados para afrontar los nuevos fuegos que amenazan la comunidad, cada vez más virulentos y en el entorno de las ciudades y sus áreas limítrofes. "De las 4.000 personas con las que contamos en campaña, profesionales apenas llegan a mil", cuestiona.

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Galicia (Atrifoga), José Ángel García, coincide en la necesidad de apostar por la limpieza de las franjas de seguridad alrededor de los núcleos de población. "Si pasas de atacar a defender, mal vas", denuncia García en referencia al traslado de los equipos antiincendios en medio de un fuego virulento en el monte, a las proximidades de viviendas cercadas por las llamas.

Esa prevención, según advierte, debe recaer en profesionales. "Por la ley de compatibilidades, desde nuestra asociación no podemos acceder a esos talleres", cuestiona. Una alternativa a la fórmula planteada por Medio Rural es que los agentes forestales trabajen seis meses en extinción, y los otros seis puedan hacer este tipo de tareas preventivas. "De esta manera podríamos completar el año de trabajo haciendo más prevención", propone García, quien además urge que los seis meses en que trabajarán las brigadas profesionales en extinción se puedan hacer de manera continua, y no solo los cuatro meses en temporada del alto riesgo (de julio a octubre).