La Diputación Permanente del Congreso dio luz verde ayer al decreto-ley que garantiza el pago de las entregas a cuenta de este año „4.682 millones de euros„ para las comunidades autónomas. El trámite salió adelante con el apoyo de los grupos (a excepción de los votos de Bildu), como unánimes han sido las críticas de la oposición al gobierno en funciones por utilizar la precampaña para su consolidación. Desde Galicia el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, censuró que el traslado de los 334 millones que corresponden a Galicia por esta vía "llega muy tarde y no llega completo".

El vicepresidente de la Xunta se mostró crítico con la medida y recordó al Ejecutivo central que "si se confirma que se va a hacer un parte del pago, se confirmará también que le siguen debiendo a Galicia más de la mitad de lo que reclama". Aunque Galicia reciba en estas entregas 334 millones„es la sexta comunidad con más fondos„ no se soluciona la "asfixia financiera" a la que en días pasados se refirió el Ejecutivo autonómico. Quedan pendientes 198 millones de una recaudación mensual pendiente del IVA y 170 millones de incentivos por disciplina fiscal. Para Rueda el dinero "es bienvenido pero ni mucho menos es suficiente", en referencia a la segunda partida que debe lidiar la Xunta, que es es potestativa, y ante la que Hacienda se ha mostrado remisa a entregar. "Siguen faltando más de 300 millones de euros que son de los gallegos y están recaudados por el Estado y están siendo retenidos sin ninguna razón", espetó.

La decisión de la Diputación Permanente evidencia para el vicepresidente que no existían razones para no pagar y por tanto "no hay ninguna razón para pagar de modo incompleto". "Nos siguen debiendo mucho dinero, un dinero que necesitamos", reiteró.

En Madrid la convalidación del decreto-ley para que las comunidades reciban el dinero no ha estado exenta de polémica. Desde las bancadas del Congreso, la oposición en bloque acusó al gobierno en funciones de Sánchez de tomar esta medida con 2afán "electoralista" en tiempos de precampaña. Una de las críticas más vehementes la realizó el gallego Antón Gómez Reino, desde las filas de Unidas Podemos al acusar al ejecutivo central de "faltar a la verdad" y de "clamoroso electoralismo". No obstante, la medida obtuvo el beneplácito de todos los grupos, salvo Bildu, ya que, justificaron, ni comunidades ni ayuntamientos podían tener "secuestrados" sus recursos ni un día más.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aseguró que este decreto-ley sienta precedente para que ni las comunidades ni los consistorios vuelvan a ser "víctimas" del bloqueo presupuestario ni institucional. Desmintió además que la actualización de las entregas a cuenta haya estado vinculada "a ningún tipo de chantaje, como algunos quieren trasladar".

Tras el trámite de ayer las comunidades autónomas de régimen común, entre las que se encuentra Galicia, recibirán el 50% de la cuantía en noviembre, posiblemente antes de la cita electoral del día 10. La otra mitad quedará pendiente de una segunda entrega que, de cumplirse los pronósticos de la ministra, entrarán en las arcas autonómicas a lo largo del mes de diciembre.