La Xunta recaudó el año pasado 3,7 millones por la venta de solares industriales, fincas rústicas y otros terrenos, además de viviendas y locales comerciales de protección oficial. Es la cifra más baja de la historia, tras los 3,8 millones de 2017, que también había sido la menor cantidad que la Administración gallega ha ingresado por este tipo de transacciones.

Para hacerse una idea del desplome que ha sufrido esta partida, en 2008 obtuvo 83,8 millones. Un 95,5% más que el ejercicio pasado, según los últimos datos que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda. En la época anterior a la crisis económica, las administraciones públicas, sobre todo el Estado y las autonomías, tenían en la venta de pisos y locales de protección oficial y parcelas empresariales una fuente de financiación muy importante. Ahora es una partida residual que prácticamente no tiene ningún impacto en los ingresos.

Cada año, la Xunta incluye en sus presupuestos una estimación de lo que creé que percibirá por este tipo de ventas y en todos los ejercicios los ingresos son mucho menores de lo previsto. No es algo que solo suceda en Galicia. También ocurre en el resto de comunidades. Por ejemplo, en 2008 el objetivo de recaudación que se había marcado el Ejecutivo gallego alcanzó el 84%. Sin embargo, en 2018, el porcentaje solo fue del 35,9%. Es también la cifra más baja de la historia.

En los últimos cuatro años, por ejemplo, el porcentaje siempre había superado el 60%. En 2018, la Xunta elevó casi un tercio (un 32%) la partida que preveía ingresar por la venta de suelo y pisos de protección al pasar de los 7 millones de 2017 a los 10,3. Al final, solo recaudó 3,7, 100.000 euros menos que el año anterior.

Desde el comienzo de la crisis, todas las Administraciones autonómicas tienen muchos problemas para deshacerse de los pisos de protección oficial, locales comerciales que están ubicados en los edificios de estos inmuebles de promoción pública y de las parcelas de los polígonos industriales.

Varias son las causas de la caída de estos ingresos. En primer lugar, la crisis económica ha reducido las transacciones de viviendas. Aunque la situación es mejor que hace unos años, esta mejoría no se traslada a la venta de pisos públicos que tiene la Xunta. También dispone de menos inmuebles que hace una década porque, prácticamente, ya casi no construye este tipo de casas. Lo mismo sucede con los locales que tienen esos edificios y que se suelen utilizar para poner en marcha un negocio. El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ya ha advertido de la carga económica que suponen estas viviendas y locales porque debe abonar el IBI a los ayuntamientos, ya que la Xunta es la dueña de estas casas.

Y la crisis también está detrás de que la administración gallega no pueda vender las parcelas que tiene en los polígonos industriales en las que luego se instalan las empresas, pese a las ofertas a la baja que realiza.

La mayor actividad se registró en los años de bonanza económica, cuando se alcanzaron los 83,8 millones (el 84% de lo previsto) en 2008 o los 62,4 millones (el 86%) en 2006. A partir de 2010, las cifras de recaudación empezaron a bajaron sensiblemente y la Xunta también rebajó sus previsiones para no trabajar con unos presupuestos inflados.

Aunque la caída en la recaudación por la enajenación de inversiones reales (así es como aparece en el apartado de ingresos de la ejecución presupuestaria de las comunidades) se produce a partir de ese año, el gran desplome ha llegado en los últimos cuatro años en los que la cantidad no ha superado los 10 millones en ninguno de ellos.

Si se suman los últimos cuatro ejercicios (23,8 millones), es casi la misma cifra que se recaudó en todo 2011 (23,6). Desde 2004, la previsión total de ingresos ha sido de 779,4 millones y ha recaudado 531, el 68,2% de lo programado.