No hay día en que Tráfico no requiera para chequeo del Sergas a un conductor sospechoso de ser "no apto" al volante. En su mayoría son automovilistas que superan los 60 años, pero también hay infractores de mediana edad que, por despiste, deterioro de las facultades psicofísicas o algún problema de salud deben presentarse a un reconocimiento en su centro médico para demostrar si están aptos para seguir al volante o si, por el contrario, les debe ser retirado el carné o se le debe imponer algún tipo de restricción o limitación en la conducción. En Galicia son mandados a examen médico extraordinario una media de 40 conductores cada mes. Solo entre enero y junio de este año Tráfico abrió 237 expedientes de retirada del permiso por pérdida de condiciones psicofísicas, según datos de la Jefatura de Tráfico de A Coruña desde donde se coordinan todos los centros territoriales de toda la comunidad. Son casi tantos como los registrados en todo el año 2018 y más del doble que los iniciados en 2015 (un total de 103). En cinco años, los expedientes abiertos por este motivo en la comunidad casi se han quintuplicado.
Tres son los factores determinantes que han provocado este repunte en los procesos abiertos a conductores interceptados en sentido contrario en autopistas y autovías, involucrados en un accidente o simplemente ante cualquier indicio de pérdida de sus capacidades psicofísicas durante un control rutinario por parte los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. El cerco a los psicotécnicos que aprueban a usuarios no aptos, la señalización extraordinaria en carretera y el refuerzo de la vigilancia a automovilistas de avanzada edad ha dado sus frutos en los últimos cinco años, con más de 1.200 expedientes de retirada del permiso hasta el pasado mes de junio.
De los 237 procesos abiertos en el primer semestre del año en la comunidad, A Coruña concentra el grueso: 88, lo que supone el 37% del total. Le siguen Pontevedra (53, el 22,4%), Lugo (51) y, finalmente, Ourense (45).
La mayoría de los requeridos a examen extra del Sergas superan los 60 años, con la excepción de A Coruña, con una edad media de los infractores de 49 años. En Lugo y Ourense la edad media supera los 70 años, 72 y 71 respectivamente. Y en Pontevedra, 64 años.
Una vez formalizado el expediente, Tráfico da dos meses a los infractores para presentarse al reconocimiento en su centro de salud. De no acudir en ese plazo se les interviene de manera temporal el carné hasta que le toque el siguiente reconocimiento para el permiso. Si entonces no se presenta se le retira el permiso de conducir de manera definitiva o se renueva en función del resultado del chequeo, sin limitación alguna si así lo entiende el equipo médico o con restricciones en función del estado de salud del conductor.
La práctica totalidad de los requeridos a chequeo extraordinario no suelen presentarse. De los expedientes abiertos en el primer semestre de este año se resolvieron 57, de los que 21 fueron declarados aptos, otros 26 aptos pero con limitaciones en la conducción, a cinco se les retiró el carné y otros cinco fallecieron durante el proceso.
Con una población cada vez más envejecida y ante el creciente número de automovilistas de avanzada edad interceptados en sentido contrario, Tráfico puso en marcha en 2015, en colaboración con la Xunta y el Ministerio de Fomento, el Plan Mayores con el objetivo de evitar que conductores con sus capacidades psicofísicas mermadas sigan al volante poniendo en riesgo su seguridad y la de los demás usuarios.
Los datos de censo de conductores son un reflejo de la pirámide poblacional de la comunidad: de los más de 1,7 millones de automovilistas gallegos, casi 100.000 superan los 74 años, lo que supone casi el 6% del total. Aunque son prudentes al volante, su pérdida de reflejos por el paso de los años les hace reaccionar con más lentitud ante un imprevisto. Aunque son responsables en carretera, con frecuencia se despistan y ponen en riesgo su seguridad y la del resto de automovilistas. Las tasas de mortalidad en los accidentes ocurridos en las carreteras gallegas también constatan el peso de este grupo en la siniestralidad viaria: uno de cada tres fallecidos en colisiones, salidas de vía o atropellos en la comunidad supera los 65 años.
