30 de octubre de 2019
30.10.2019
La Opinión de A Coruña

Los tribunales gallegos celebran una veintena de juicios con jurado al año

Constituyen una pequeñísima proporción frente a cientos de miles de asuntos que ingresan en la jurisdicción penal || La ley ampara excusas para evitar ser miembro

29.10.2019 | 20:07
Sorteo informático en los juzgados de Santiago para elegir a los miembros del jurado del 'caso Asunta'.

Galicia celebra cada año una veintena de juicios con jurado, poquísimos si se toma como referencia que ingresan en la jurisdicción penal cientos de miles de asuntos, 141.000 en 2018. Son tasados los delitos que se pueden juzgar por medio de este mecanismo regulado hace más de veinte años en España. Solamente se da en el orden penal y en supuestos como homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, cohecho o malversación de caudales públicos. El aplazamiento de la vista por el crimen de Diana Quer devuelve a la actualidad este procedimiento que, como se ha comprobado en este caso, puede afectar a los tiempos de las causas, por dificultades sobrevenidas en la selección de los miembros del tribunal popular.

En lo que va de año, los juzgados gallegos han celebrado 22 juicios con jurado. Superan el uno la cifra recogida en la memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia relativa al año pasado. Son números insignificantes si se comparan con la magnitud de asuntos ingresados en la jurisdicción penal en la comunidad: 141.000 en 2018.

En este 2019, los datos entresacados de los señalamientos de las vistas en las cuatro audiencias provinciales evidencian un leve incremento en la celebración de juicios con tribunal popular. La Audiencia de A Coruña es la que registra una mayor actividad al respecto. En sus sedes de A Coruña y Santiago„en esta última se contabiliza la vista señalada contra El Chicle „han celebrado desde enero 10 pleitos ante tribunales populares. Las audiencias provinciales de Lugo, Ourense y Pontevedra (con sede también en Vigo) convocaron tres, cuatro y cinco, respectivamente.

La Xunta contabiliza un total de 150 juicios con jurado popular en la última década. Es el Ejecutivo autonómico quien se encarga de organizar y gestionar este tipo de vistas, al asumir en exclusiva la provisión de medios materiales. En una comparecencia parlamentaria celebrada el pasado junio, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda especificaba que "estos juicios se desarrollan normalmente sin ningún tipo de incidente". Precisamente esta respuesta servía de disculpa a la presunta desatención de este departamento a los miembros del jurado que tomaron parte en la vista oral por el denominado crimen de la desbrozadora. El proceso sufrió una prórroga de los días inicialmente previstos, que acabó afectando al jurado popular que denunció no haber recibido ni agua para hidratarse durante las deliberaciones ni disponer de un lugar para cenar o dormir pese a la obligación de permanecer incomunicados entre ellos.

Dificultades en la composición

El arranque del pleito por el crimen de Diana Quer, que estaba previsto para esta misma semana, evidencia las dificultades para componer los tribunales populares en este tipo de causa. El juicio tuvo que ser suspendido ante la imposibilidad de completar las veinte plazas previstas legalmente, de las que después se selecciona a los nueve integrantes definitivos. Con carácter previo se había notificado a 36 personas su participación en el proceso. Quince de ellas presentaron excusas aceptadas. Entre las permitidas están la de ser mayor de 65 años, aspectos médicos, dificultad para asumir las cargas familiares durante el proceso, residir en el extranjero, entre otras.

El aplazamiento del pleito contra El Chicle tiene su precedente más reciente en el juicio por el caso Asunta cuando fue preciso realizar hasta dos veces el sorteo de los componentes del jurado, con su consiguiente retraso.

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