La litigiosidad de las empresas por los contratos públicos se ha disparado este año como nunca y con los recursos presentados ya en los nueves meses de 2019 se han rebasado los niveles de ejercicios anteriores hasta colocarse en cifras de récord. La competencia se ha intensificado y ya no solo a través de ofertas económicas más bajas „como es lo tradicional„, sino acudiendo a los tribunales específicos para intentar sacar una mínima ventaja por esta vía en los pliegos de condiciones o cuando la resolución del concurso no ha resultado favorable a sus intereses. Entre enero y septiembre se han presentado en Galicia 232 recursos formales contra las adjudicaciones de contratos públicos, lo que es un 9% más que todos los registrados en 2018 y un 44% por encima los presentados en el mismo periodo de ese año.
De la misma forma que existe un tribunal administrativo específico al que pueden acudir los contribuyentes „al margen de la justicia ordinaria, cuya vía siempre está abierta„ cuando están disconformes con lo que pagan por un impuesto, las empresas también disponen en Galicia de un órgano similar para recurrir las adjudicaciones de contratos públicos de obra, suministro o servicio cuando estos los firmen la Xunta, los ayuntamientos, las diputaciones o las universidades. Es el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal), creado el pasado año, donde ahora se resuelven las mismas batallas que desde 2010 „fecha de su creación„ se resolvían en el Tribunal Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda.
El Tacgal recibió el pasado año en sus primeros nueve meses de funcionamiento, 161 recursos de empresas contra los procesos licitadores. Y ahora, también en nueve meses, la cifra se ha incrementado nada menos que un 44% hasta los 232. Nunca se había llegado a este volumen, ni en 2018 ni en los años anteriores donde las cuitas se dirimían el tribunal adscrito a Hacienda. A falta de los recursos que se puedan presentar entre octubre, noviembre y diciembre, la cifra ya es demás un 9% superior a todos los registrados en 2018, dado que a los 161 presentados ante el Tacgal se deben sumar otros 51 ante el tribunal de Hacienda.
Detrás de este incremento solo puede haber una intensificación de la puja entre empresas para repartirse el pastel de los contratos públicos y a una mayor presencia de actores.
En el año 2014 la cifra de recursos fue de 134, para subir a184 en 2015, bajar a 173 al ejercicio siguiente, volver a disminuir a 155 en 2017 y llegar a los 212 el pasado año. Y este ejercicio, en solo nueve meses ya se ha superado en 20 el número de impugnaciones presentadas en 2018, año en el que las empresas recurrieron contratos por valor al menos de 900 millones de euros con el propósito de modificar los pliegos de condiciones para intentar sumar alguna ventaja sobre el resto de concursantes o revertir una adjudicación realizada a la competencia.
El caso más paradigmático fue la licitación del servicio de transporte urgente aéreo del 061, sometido a litigio durante un año entre dos empresas que pujan por un contrato que supera los diez millones de euros. Pues resulta que los dos helicópteros se han tenido que adjudicar cuatro veces porque en tres ocasiones se anuló la resolución de la mesa de contratación.
En la mayoría de los casos, este órgano acaba dando la razón a la administración, pero en casi un tercio de las resoluciones se estima total o parcialmente el argumento de la empresa, lo que obliga, dependiendo del caso, a proceder a una nueva adjudicación, a modificar los pliegos de condiciones o a realizar una nueva puntuación de las ofertas.
