Estas batallas administrativas entre empresas o de las compañías contra las administraciones públicas „salvo el Estado, cuyos conflictos se siguen dirimiendo en Madrid„ se resolvían antes en el Tribunal Central de Recursos Contractuales, creado en 2010 y al que se adhirió Galicia en noviembre de 2013. Su objetivo principal es asegurar el trato no discriminatorio y la igualdad entre los contratantes velando por la correcta aplicación de las normas que incorporan esos principios al ordenamiento jurídico vigente. Y tiene capacidad para paralizar un proceso de adjudicación, dejarlo en suspenso u obligar a modificar sus condiciones, siempre que el importe de los contratos supere un determinado volumen.

Pero su funcionamiento era lento por la alta carga de trabajo y además mientras no se resolvía el litigio, la adjudicación quedaba paralizada durante un periodo de varios meses. Esto fue lo que llevó a la Xunta a crear su propio tribunal de contratación, que entró en funcionamiento en abril de 2018. "Para bajar los tiempos de respuesta y descongestionar los casos que esperan a ser atendidos", argumentó por entonces el Gobierno gallego.

Pero al poco de entrar en servicio, ya se vio que el personal asignado a este órgano resultaba insuficiente para atender el volumen de reclamaciones, por lo que la Consellería de Facenda, del que depende el Tacgal tuvo que reforzar su composición "con un servicio de apoyo", para poder brindar "un funcionamiento más ágil", explicaba Facenda.

Algo más de la mitad de los recursos (el 54%) van dirigidos contra la Xunta, ya que es la administración con más gestión de fondos en la comunidad „al margen del Estado„. Los ayuntamientos y diputaciones fueron objeto del 39,8% de las impugnaciones y las universidades, solo del 6,2%, ya que evidentemente son las que menos presupuesto manejan.