Sin empleo y sueldo por siete meses y un día. La sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la juez Pilar de Lara por irregularidades en sus investigaciones conlleva la pérdida de su destino y, en consecuencia,tendrá que volver a concursar para optar a una plaza en otro juzgado. El escrito en el que desestima el recurso de alzada interpuesto por la magistrada es muy duro con su gestión al frente de macrocausas de corrupción como la Pokemon, Carioca, Pulpo o Cóndor. El Poder Judicial justifica la sanción a De Lara, que suma más de 200 investigaciones en casi una decena de causas de gran trascendencia pública, en una "actuación global de descuido, dejación o desidia". En la resolución notificada a la magistrada, de 104 folios, advierte de la "persistencia de la conducta infractora durante más de tres años" y del "descontrol y falta de supervisión", de ahí la falta muy grave que conlleva la suspensión de funciones por siete meses y un día.

La decisión adoptada a finales del pasado mes de septiembre agotó la vía administrativa, por lo que la sanción es ejecutiva desde ya, una vez notificada a la magistrada. Ahora a De Lara le queda la opción de recurrir ante el Supremo, una vía que su abogado, Agustín Azparren, ya había anunciado que agotarían.

En la resolución que rechaza el recurso interpuesto por la instructora del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, en el que lleva ya doce años, el Poder Judicial advierte del "número de asuntos afectados, la injustificada paralización de las actuaciones durante años (todo lo cual pone de manifiesto la intencionalidad), su negativa repercusión en derechos fundamentales ajenos, la perturbación ocasionada en el funcionamiento de la Administración de Justicia y en su imagen, así como su trascendencia y su repercusión social".

El CGPJ alude también al refuerzo que se hizo obligado para atender la demora en los procesos en manos de la juez. "Lo que de por sí „cuestiona„implica un perjuicio". Así como concluye la "falta de competencia demostrada para la gestión de la instrucción".

Para el Poder Judicial, todos estos son "factores que agravan la culpabilidad, contribuyen a apreciar ese superior nivel de reprochabilidad que caracteriza a la falta muy grave y justifican la proporcionalidad de la sanción impuesta con su medida accesoria, de ineludible aplicación".

En la resolución notificada, el CGPJ alude a la "conducta reprochable" porque "desde mediados de 2015 se aprecian en cada una de las causas que tramitaba disfunciones" como "paralizaciones o largos periodos de inactividad, ausencia de resolución sobre diligencias de instrucción y ausencia de dictado de resoluciones procedentes en plazos mínimamente razonables", entre otras.

Justifica, además, que "no se sanciona un especial método de llevar la instrucción, sino precisamente la ausencia de método alguno en atención a los fines que persigue la instrucción, por la dejación de funciones inherentes al cargo de juez instructor".

Entre otras cuestiones, reprochan a De Lara que "incumpliera el deber impuesto" de emitir informes mensuales, "lo que solo hizo desde abril de 2017, tras ser advertida". El periodo de la "conductora infractora sancionada" lo enmarca el CGPJ desde el 23 de junio de 2015 hasta la incoación del expediente disciplinario el 31 de octubre de 2018.

"Prácticamente tres años durante los cuales apenas avanzó la tramitación y resolución de las causas complejas, aunque algunas diligencias fueran archivadas", expone el órgano judicial para justificar que "se sanciona una actuación global de descuido, dejación o desidia „desatención„ en la labor jurisdiccional propia del juez instructor durante un prolongado periodo de tiempo en la instrucción de las causas cuyo conocimiento asumió la magistrada".

Entre otros aspectos para apoyar que "hay desatención a efectos disciplinarios", el Poder Judicial alude en la resolución que la magistrada, que lleva en los juzgados de Lugo desde el 1 de abril de 2007, ha contado con un juez de refuerzo que tomó posesión el 23 de junio de 1015 y cesó el 3 de mayo de 2017. Tras su incorporación del juez de refuerzo, la magistrada, sin "antecedentes disciplinarios", según consta en la resolución, pasó a asumir 65 causas complejas que han sido objeto del expediente de seguimiento, relativas a las macrocausas de la Carioca, Pokemon „integrada a 21 de mayo de 2018 por 244 tomos y 35 investigados„ y Cóndor.

Asimismo, puntualiza el CGPJ que la actuación de la magistrada ha tenido "afectación de derechos fundamentales de quieres fueron parte en los procedimientos que sufrieron las consecuencias de tal conducta".