Tras la sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la magistrada Pilar de Lara recurrirá al Tribunal Supremo y pedirá la suspensión cautelar del castigo, que la suspende durante siete meses y un día y la obliga a abandonar la plaza de magistrada en Lugo. Y, entretanto, no se resuelve este recurso tratará de "agilizar" al máximo el cierre de las macrocausas que instruye, como la Carioca, sobre redes de prostitución, o la Pokemon, que investiga una trama de corrupción política. De hecho, De Lara acudió ayer a trabajar al juzgado de Instrucción número 1 de Lugo como todos los días, pese a la sanción del CGPJ.

Su intención es acelerar las instrucciones para concluirlas antes de que el Tribunal Supremo decida en enero sobre si se ejecuta la sanción de siete meses y un día, que acarrea perdida de destino por dilaciones indebidas, o finalmente se suspende dicha ejecución hasta que tome una decisión final el alto tribunal sobre dicho castigo.

Así lo explicó el abogado de la jueza, Agustín Azparren, quien precisó que "lo primero es comunicar la interposición del recurso donde se solicitan las medidas cautelares de suspensión de la ejecución para lo que el Tribunal Supremo suele tardar un mes".