La ley de impulso demográfico de Galicia ha incorporado un 80% de las 336 alegaciones que realizaron agentes sociales, grupos políticos, sindicatos y particulares, según destacó la conselleira de Política Social, Fabiola García, antes de presidir el pleno del Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, en el seno del Consello Económico e Social (CES).

En declaraciones a los periodistas, la conselleira reivindicó la "mejora" de una norma que resulta "enriquecida gracias a las aportaciones y la participación de toda la sociedad civil".

En total, explicó que se recibieron 336 aportaciones, elaboradas y realizadas por las distintas entidades sociales, por los grupos políticos, por los sindicatos "y también por muchos particulares". El 80% se incorporaron y se valoraron en el articulado de esta ley, "lo que permitió incorporar cuatro nuevos artículos, una disposición y también modificar 29 artículos y cuatro disposiciones".

García destacó que es "una ley gallega de impulso demográfico necesaria para Galicia, para hacer frente al reto demográfico, que tiene vocación de permanencia y de consenso", de ahí que la Xunta "cuente con todos".

Ahora, según apuntó, "toca continuar la tramitación de esta ley, en estos momentos en el seno del CES, después se remitirá al Consello de la Xunta para su aprobación y remisión al Parlamento de Galicia".

En cualquier caso, avisó de que "paralelamente al trámite parlamentario, la Xunta ya empezará a implementar alguna de las medidas previstas en esta ley, que tiene una inversión anual media de 700 millones, teniendo en cuenta unas medidas pioneras como la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años para segundos hijos y sucesivos". Sobre este extremo, expresó el "firme compromiso" de la Xunta de seguir "trabajando de cara a la universalización de la educación infantil". Para ello, dijo, "Galicia espera contar con el Gobierno de España". La conselleira espera que el trámite en el CES sea "lo más ágil posible" y señaló que cuenta con que en los primeros meses de 2020 "ya esté aprobada definitivamente en el Parlamento de Galicia".