A pesar de su tramitación un tanto convulsa, con recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública y el Superior de Xustiza de Galicia, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade ha completado casi en su totalidad la primera fase del nuevo plan de transporte público por carretera. Su reformulación integral tuvo su origen en una sentencia del Supremo que anuló el sistema de prórroga automática de contratos que aplicaba la Xunta y en la posterior renuncia masiva de las empresas a seguir con el servicio por considerarlo inviable desde el punto de vista económico.
Más de tres años después de la sentencia, el Gobierno gallego ha adjudicado los primeros 82 contratos de transporte por un importe de 472 millones y una vigencia de 10 años. Las nuevas líneas comenzarán a funcionar a partir del próximo mes de enero.
El montante global de contratos de esta primera fase rondaba el centenar, pero tres se adjudicarán en los próximos días y los restantes están pendientes de que se resuelvan los recursos administrativos presentados por las empresas.
Los contratos resueltos contemplan un total de 1.533 líneas de autobús, con 14.240 paradas, de las que 1.180 líneas serán de transporte compartido entre escolares y usuarios generales, que representan el 77% del total. Además, unas 910 rutas disponen de servicios bajo demanda, es decir, que los autobuses podrán realizar adicionalmente paradas en determinados lugares si previamente han sido solicitadas por los viajeros mediante reserva.
Los nuevos servicios abarcan a determinadas zonas de A Coruña, con 14 contratos, y a prácticamente toda la provincia de Ourense con 27 de los 98 contratos. En este territorio, salvo en la capital, en el resto todo el transporte será de uso compartido. En cuanto a la provincia de Pontevedra, la primera fase afecta aproximadamente la mitad (con 27 contratos) y en la Lugo, a gran parte su territorio con 26.
Para completar la contratación de esta fase, la Xunta prevé adjudicar en los próximos días otros tres contratos relativos a los términos municipales de Mondariz y oeste de Covelo y Ponteareas.
En lo que se refiere al empleo, estos contratos suponen la disposición de 828 conductores y 651 acompañantes en los servicios de autobús compartido.
Por su parte, antes de que finalice el año, la Xunta prevé licitar los restantes contratos de transporte, con el objetivo de que en 2020 esté culminada la renovación integral del plan de transporte público en Galicia.
El nuevo plan permitirá que el 97% de la población esté a menos de 200 metros de una parada de autobús, mientras que habrá beneficios para el transporte metropolitano y tarjeta Xente Nova. Para esto, se duplicarán los servicios existentes hace tres años, pues con los nuevos contratos los gallegos dispondrán de cerca de 61 millones de kilómetros de servicio de autobús al año.
Desde la sentencia que anuló la prórroga, la empresas tuvieron que seguir funcionando un año en las mismas condiciones y luego se realizaron diversas adjudicaciones temporales hasta que se ha resuelto el contrato definitivo.
