El Parlamento alcanzó ayer un acuerdo por unanimidad para instar al Gobierno central a incluir en el marco legal el concepto de consentimiento para mejorar la tipificación y tratamiento de la violación y de las agresiones sexuales, así como su consideración como delitos de carácter público.
La iniciativa partió de una proposición no de ley del BNG que pedía impulsar la aplicación de la directriz del artículo 36 del Convenio de Estambul que estipula que las autoridades deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que el sexo no consentido sea tratado siempre como un delito.
También se aprobó por unanimidad una resolución para reclamar a la Xunta un plan estratégico contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
