La directora del Puerto de Vigo, Beatriz Colunga, declaró ayer ante la jueza de instrucción número 3 de Vigo, que investiga el hundimiento de un muelle durante el festival O Marisquiño de 2018, e insistió en que la responsabilidad de mantener en perfecto estado esa infraestructura era del Ayuntamiento olívico, según se recoge en el convenio de la actuación Abrir Vigo al mar.

Colunga compareció ante la magistrada en calidad de responsable civil, ya que la Autoridad Portuaria es el organismo que cedió el uso de los espacios para la celebración del festival.

Según fuentes conocedoras de la declaración, la directora del Puerto de Vigo insistió en que era el Ayuntamiento, en virtud de ese convenio (suscrito entre Puerto, gobierno local y Zona Franca en los años 90), el responsable del mantenimiento de ese ámbito. De hecho, el Abogado del Estado emitió un dictamen a ese respecto, a solicitud del Puerto, que ha sido incorporado a la causa.

Durante unas tres horas, Beatriz Colunga atendió a las preguntas de la jueza y del resto de partes, mayoritariamente sobre cuestiones técnicas y sobre las condiciones recogidas en ese convenio de Abrir Vigo al mar.

También aclaró que, a lo largo de los últimos años, y precisamente por considerar que no era su responsabilidad, el Puerto no ha realizado labores de mantenimiento en esa zona.

En la jornada de ayer estaban también citados para comparecer en el juzgado de instrucción, en este caso como investigados, los técnicos portuarios José Enrique E.P., e Ignacio V.M. El primero de ellos se acogió a su derecho a no declarar ya que, según explicó su abogado, no había tenido tiempo material para estudiar la causa y, cuando la haya analizado, solicitará una nueva citación.

La declaración de Ignacio V.M. quedó aplazada hasta hoy, por problemas de agenda de su letrado. Además, hoy están citados también los otros dos investigados en este procedimiento, funcionarios del Ayuntamiento de Vigo: Jerónimo C.C., ingeniero jefe de Vías y Obras, y Juan José A.M., jefe de Urbanización e Infraestructuras.

A principios de octubre, el juzgado de instrucción concluyó de forma indiciaria, tras examinar los informes de los peritos y la documentación, que "no consta que ni el Puerto, como titular de dicho paseo sobre el mar, ni el Ayuntamiento, como firmante del acta de entrega de las obras y del convenio en el que se hace cargo del mantenimiento, hayan realizado ninguna actuación ni inspección para el mantenimiento y conservación de dichas obras ni se hayan requerido uno al otro para ello, a pesar de los muchos años transcurridos desde su construcción inicial".