Diecisiete años después del hundimiento del Prestige, seis después del juicio y ocho meses tras la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña que ordenaba el pago de 2.500 millones a los condenados, este órgano judicial acordó ayer distribuir 51,7 millones entre los 256 afectados por la catástrofe del petrolero. Los casi 52 millones suponen el 2,2% de la cuantía total.
Los fondos se repartirán de forma proporcional según las indemnizaciones reconocidas, entre el Estado español como principal perjudicado, que recibirá 40,6 millones; el francés (9,2 millones); la Xunta (202.472 euros) y otros 262 afectados que son particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Estos 262 perjudicados recibirán 1,7 millones.
La Audiencia reparte así 51,7 millones, de los que 27,1 fueron depositados por el Fondo Internacional de Compensación de Daños por Hidrocarburos (Fidac). El resto, 24,5 millones, proceden en su mayoría „un total de 22,7„ de la aseguradora del buque, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association (The London P&I CLUB) y 1,7 corresponden al importe de la venta del fuel recuperado por Repsol.
El pasado 1 de marzo, la Audiencia de A Coruña ordenó a los condenados en la sentencia por el hundimiento del Prestige el pago de 2.500 millones.
Estableció una cuantía "sin limitación" para el capitán del buque, Apostolos Mangouras, como responsable civil principal, y para la propietaria del barco, Mare Shipping Inc., como responsable civil subsidiaria.
Para la aseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association (The London P&I CLUB) fijó un límite de 855,4 millones, de la que se descontaron 22,7 millones consignados. Por su parte, para el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos 1992 marcó el límite en 27,9 millones.
Instrucción y juicio
Este caso comenzó su instrucción en 2003 en el Juzgado de Corcubión, tarea que se prolongó durante ocho años antes de pasar a la Audiencia Provincial coruñesa en 2011, aunque no fue hasta octubre de 2012 cuando se inició la vista oral.
El juicio quedó visto para sentencia después de ocho meses, 400 horas en 89 sesiones y 204 declaraciones de testigos y peritos. Y justo 11 años después del accidente, el 13 de noviembre de 2013, el tribunal dictó la sentencia, que fue recurrida.
