Durante el pasado año, los jueces de lo Social, que llevan, sobre todo, los temas relacionados con los despidos, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o cualquier conflicto laboral, dictaron casi 28.000 sentencias. De ellas, dos tercios fueron acatadas por las dos partes en litigio. Sin embargo, el 34% fueron recurridas ya sea porque el fallo perjudicaba a una de las partes o porque consideraban que no reparaba de forma satisfactoria el daño causado. Este porcentaje sitúa a Galicia como la cuarta comunidad en la que los asuntos relacionados con el empleo fueron más recusados. Solo la superaron Asturias (39%), Andalucía (35%) y Cantabria (33%). Cerró la clasificación Baleares con el 18%. La media nacional fue del 31%, cuatro puntos menos que el dato gallego.

Pese a esta elevada cifra de recursos en Galicia, las opciones de que las reclamaciones prosperen son muy bajas. Ocho de cada diez fueron confirmadas por los magistrados. Es decir, no hubo cambios. Solo el 11% de los recursos presentados en 2018 en los órganos de lo Social sirvieron para revocar la sentencia en su totalidad, mientras que en el 5,2% lo hicieron de forma parcial, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial.

Las más de 134.000 sentencias de los Juzgados de lo Penal, que son los encargados de dilucidar sobre violencia de género y menores, entre otros asuntos, fueron las segundas más impugnadas por los gallegos. Hasta el 21% fueron recurridas por alguna de las partes.

Confirmadas

La suerte que corrieron estos recursos fue muy parecida a la de las causas de lo Social. Ocho de cada diez (79,3%) fueron confirmadas y solo el 6,6, revocadas en su totalidad y el 13%, de forma parcial. Las comunidades que más recursos pusieron en los Juzgados de lo Penal fueron Cantabria (29,5%), Asturias (23,4%) y Castilla-La Mancha (23%). La media de las 17 autonomías fue del 19%, dos puntos menos que a nivel gallego.

Las 7.800 sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo fueron las terceras más recurridas por los gallegos. Estos juzgados dirimen los litigios entre los ciudadanos y la administración. Durante 2018, el 20,4% de las causas de estos juzgados fueron recurridas. Pese a ser una cifra elevada, fue la decimotercera mayor a nivel nacional.

Si en el caso de las sentencias de los Juzgados de lo Social el porcentaje de las que se confirmaron alcanzó el 81,9% y en las de lo Penal, el 79,3%, en las de lo Contencioso-Administrativo bajaron hasta el 73%. Las sentencias en estos juzgados alcanzaron el mayor porcentaje de las que fueron revocadas en su totalidad (16,2%) mientras que las que fueron modificadas de forma parcial llegaron al 8,5%.

Por último, en los Juzgados de lo Civil, entre los que se incluyen los de Mercantil, se recurrieron el 7,7% de las 101.000 sentencias que hubo durante el pasado año. Galicia ocupó la octava plaza. Lideraron la clasificación Extremadura (24%), Aragón (14,4%) y País Vasco (12,5%). La cerró Extremadura con el 0,4%. La media nacional fue del 8,5%, casi un punto más que porcentaje gallego. Las sentencias de los órganos de jurisdicción civil fueron las que menos se movieron. El 85% fueron confirmadas, mientras que solo el 5,9% fueron revocadas en su totalidad y el 8,2% de forma parcial.

En total, los jueces gallegos resolvieron durante el pasado año 271.226 casos. Fueron un 13% menos que en 2017 debido a la huelga de los funcionarios de Justicia que paralizó la actividad durante casi cuatro meses. Ocho de cada diez sentencias fueron confirmadas tras el recurso que se presentó. Solo el 9,9% fueron revocadas en su totalidad y el 8,6% lo hicieron parcialmente.