La eternización de las causas de corrupción en los juzgados gallegos ha llevado a la Fiscalía Superior a reclamar en varias ocasiones la creación de organismos especializados en este tipo de delitos en la comunidad. Tras varios años de peticiones públicas y privadas, Madrid ya tiene sobre la mesa la propuesta de Galicia: un fiscal autonómico para delitos económicos y dos fiscales Anticorrupción en A Coruña y Pontevedra. Durante su comparecencia en la comisión de Xustiza del Parlamento, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, desveló ayer que el consejo fiscal celebrado el pasado mes de noviembre dio el visto bueno a la activación de fiscalías anticorrupción en estas dos provincias gallegas, organismos que en el conjunto del país operan no operan a nivel autonómico, sino provincial y que se limitan a la investigación de delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos. Ahora, la Fiscalía del Estado será la que tenga la última palabra sobre la designación de un fiscal delegado de delitos económicos y la Fiscalía Anticorrupción, la que deberá autorizar o no la creación de dos unidades especializadas en A Coruña y Pontevedra.
En su intervención, Suanzes destacó que "desde hace años" hay una "actitud favorable" a la puesta en marcha de fiscalías anticorrupción en Galicia si bien aclaró que estos órganos no pueden ser autonómicos por lo que se contemplan las provincias "en las que se tienen ámbitos de mayor potencialidad en esa materia".
El hecho de que no existan estos órganos en la comunidad, según advirtió el fiscal superior, no significa que "haya impunidad' sino que son otros profesionales los que asumen los asuntos.
Pese a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en vigor desde diciembre de 2015 y que limita a seis meses las instrucciones de asuntos sencillos y a 18 meses los procesos complejos „aunque prorrogables a tres años„, las causas de corrupción se eternizan en los juzgados gallegos. La instrucción de algunas supera ya los ocho años.
La solución para agilizar las instrucciones y evitar que errores en el proceso den al traste con la investigación pasa por la creación de unidades anticorrupción en Galicia, como desde hace años vienen reclamando desde el Ministerio público. Ya hace años la Fiscalía del Estado inició un camino de especialización, con más de 20 unidades especializadas distribuidas por toda la geografía española. La comunidad gallega cuenta con un fiscal delegado en Medio Ambiente, en Seguridad Vial, Menores y Violencia de Género. Desde Galicia, la Fiscalía Superior ha defendido ya con Carlos Varela al frente y ahora con Suanzes la creación de unidades Anticorrupción en la comunidad debido al número de los ilícitos penales de este tipo que se han registrado durante los últimos años.
