Espaldarazo del Gobierno a la fórmula adoptada por Fomento para compensar a Audasa por los "peajes en la sombra" de la AP-9 entre A Coruña-A Barcala y Vigo-O Morrazo y gravámenes que, aunque no pagan los conductores, la concesionaria sigue cobrando directamente de las arcas públicas. El Consejo de Ministros dio su aval ayer al cálculo que realiza el ministerio para abonar esa compensación a Audasa, una fórmula que la gestora de la AP-9 recurrió el año pasado al considerar que la perjudica y merma sus ingresos.

En concreto, el Consejo de Ministros ha recurrido a la vía del Real Decreto para avalar la regla adoptada por el departamento de José Luis Ábalos. Solo en 2019 y en aplicación de esa fórmula, Audasa recibirá siete millones en compensación por los peajes que no cobra a los conductores que circulan por la autopista entre A Coruña y A Barcala y Vigo y O Morrazo.

Ministerio, Xunta y concesionaria acordaron en 2006 que ambos tramos de la AP-9 pasasen a ser "peajes en la sombra". Para resarcir a la concesionaria la administración autonómica y estatal establecieron una regla que de forma periódica actualizaba el pago que recibiría la empresa. El objetivo: compensarla por las tasas que a partir de entonces dejaría de cobrar a los conductores. El decreto de 2006 establecía que ese cálculo se realizaría "a partir de los datos de tránsitos obtenidos mediante conteo, a los que se aplicará el importe del peaje [...] correspondiente a la utilización de la autopista en los recorridos para los que se suprime el pago directo". En resumen: se valoraba el número de vehículos.

Con el paso del tiempo, Xunta y Fomento comprobaron que la gratuidad estaba fomentando por sí misma el uso de ambos tramos, cuyo volumen de tránsito crecía por encima del de la media de la autopista. Consecuencia: Audasa cobraba por la gratuidad más de lo que hubiese percibido si los trechos hubiesen seguido gravados con un peaje normal.

"Los importes abonados en concepto de compensación diferían sustancialmente de los que hubiera percibido la sociedad concesionaria de no haberse adoptado la citada medida, ya que la supresión de peajes en los tramos afectados generaba una inducción de tráfico muy superior a la estimada", razona Fomento, y sigue: "Esta situación se consideraba lesiva para las administraciones implicadas y venía suponiendo un enriquecimiento injusto para la sociedad concesionaria, por lo que se estimó necesario modificar el procedimiento de compensación del convenio".

La revisión se realizó en 2017 y supuso dos grandes novedades: primero, la compensación por los "peajes en la sombra" pasó a asumirla en solitario Fomento, sin el apoyo de la Xunta; segundo, se estipuló que el dinero que se abonaba a Audasa se calcularía tomando como referencia el tráfico de 2005 „el último año con un peaje convencional„ y "la variación de los ingresos del resto de los recorridos de la autopista". El cambio no gustó a la concesionaria, que lo recurrió al considerar que mermaba sus ingresos. En 2017 Fomento y Xunta consignaron en sus cuentas más de trece millones para compensar a la empresa; este año el ministerio abonará siete.

Para avalar su postura, el Gobierno central redactó unas instrucciones que aclarasen su fórmula de cálculo. Tras pasar por la Abogacía del Estado "se indicó que las instrucciones deberían adoptar la forma de real decreto de interpretación del contrato de concesión, que tras la correspondiente tramitación ha sido aprobado por el Consejo de Ministros".

Ayer la Xunta insistió a Fomento en convocar la comisión de la AP-9 antes de subir los peajes. "Los incrementos van a ser del 2,64% previsiblemente", avanzó la conselleira Ethel Vázquez.