El Comité de Intervención activado por la Xunta hace tres años, para poner coto a los casos de acoso laboral y otras discriminaciones en el trabajo que padecen empleados públicos de la comunidad, recibió en este tiempo 38 denuncias, un 63% promovidas por mujeres. De los casos recibidos, a día de hoy constan resueltos 28. Solo en dos ocasiones el órgano antiacoso resolvió que se abriese una información reservada, una investigación formal sobre los hechos, con el objetivo último de iniciar el procedimiento para exigir responsabilidades.

En el primer trienio de funcionamiento del protocolo de la Xunta para la detección y resolución de situaciones de acoso en el trabajo, el comité que tramita las solicitudes de intervención ante presuntos casos de discriminación recibió 38 denuncias. Tal y como informan fuentes de Vicepresidencia de la Xunta, en 24 casos (el 63 % del total) fueron promovidas por mujeres empleadas públicas; en 11 ocasiones fueron hombres (29%) los que se dirigieron al órgano y en el resto, 3 en concreto, fue un colectivo integrado en un centro el que se dirigió a este mecanismo para trasladar posibles vulneraciones de derechos laborales de personal funcionario.

Los denunciantes proceden en su mayor parte (55%) de los servicios administrativos de ámbito autonómico. En concreto 21 personas se dirigieron al órgano para trasladar problemas de índole laboral. En segundo lugar, se sitúan los funcionarios de centros asistenciales, que en doce ocasiones presentaron sus casos ante el comité antiacoso.

En una reciente intervención parlamentaria, Natalia Prieto, directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, informó de que en la actualidad, de los 38 casos recibidos, 28 ya han sido resueltos y otros diez siguen en fase de investigación.

De los concluidos, algo menos de la mitad no llegaron a ser resueltos por resultar archivados o inadmitidos. En 17 ocasiones, el órgano emitió una valoración que, en el peor de los casos, concluye en que se inste a incoar una información reservada que, de ser necesario, active el procedimiento para depurar responsabilidades. Esta conclusión contundente solo se alcanzó en do de los asuntos tramitados en el periodo.

Tal y como detalló la directora xeral en sede parlamentaria, el plazo de tramitación de las 28 denuncias resueltas desde 2016 fue de cuatro meses. Los tiempos máximos previstos por el protocolo para emitir el correspondiente informe son de seis.