Por tercer año consecutivo, los ayuntamientos gallegos aumentaron en 2017 los ingresos por el impuesto que grava la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, reforma, instalación u obra para la que sea necesaria una licencia urbanística o de obras. Y lo hicieron un 17% más que el ejercicio anterior, en el que también habían incrementado la partida un 18%. Este tercer incremento consecutivo se produce después tres años de recortes, que hubiesen sido siete si en 2011 no se hubiese producido el leve repunte de 37,9 millones a 40,4.

Pese a la subida de los tres últimos ejercicios (un 39%), los 27,1 millones que recaudaron en 2017 son un 63% inferior a los que ingresaron antes del estallido de la crisis en 2008, año en el que arrancó la recesión con la caída de Lehman Brothers.

El ICIO (Impuesto indirecto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) es uno de los mejores indicadores para medir el impacto que ha tenido la crisis de la construcción en las cuentas de los ayuntamientos. Es un canon que tienen que pagar las empresas a los concellos por realizar obras dentro del término municipal. Sus cifras demuestran cuál ha sido la huella negativa que han dejado en las arcas municipales.

Pero la cicatriz no ha sido la misma en todos los concellos, ya sea por provincias o por número de habitantes. El mayor desplome porcentual de la recaudación por este impuesto entre 2008 y 2017 lo protagonizaron los concellos de Pontevedra, con una caída del 69,8%, seguidos de los de Ourense (-67,1%); A Coruña (-61,8%) y, finalmente, Lugo (-45,4%), donde el descenso fue menor en comparación con las otras tres provincias.

En cifras absolutas, los ayuntamientos de A Coruña pasaron de recaudar 37 millones en 2008 a 14,1 en 2017; los de Pontevedra, de 25,5 a 7,7; los de Lugo, de 5,3 a 2,9, y los de Ourense de 6,7 a 2,2 millones.

Según el número de habitantes de cada municipio, el tijeretazo en la recaudación por obras desde el inicio de la crisis ha variado. En los de menos de 5.000 habitantes, la caída fue la más baja, un 6,9%, al pasar de los 7,2 millones de 2008 a los 6,7 de 2017. En el resto superaron el 50%. Destaca el desplome del 73% en los de 20.000 a 50.000 residentes (de 14,1 a 3,7 millones).

En las siete ciudades, el descenso de la recaudación por las tasas de la construcción fue dispar. En las que tienen entre 50.000 y 100.000 habitantes (Santiago, Ferrol, Lugo y Pontevedra) los ingresos por el ICIO cayeron un 54,4% durante la última década. Estos cuatro concellos „no hay datos individualizados de cada uno„ ingresaron por esta tasa 6,8 millones al inicio de la crisis y 3,1 durante el ejercicio de 2017, según los datos que ha publicado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los tres grandes ayuntamientos gallegos que superan los 100.000 habitantes (A Coruña, Vigo y Ourense) recaudaron 23,1 millones hace nueve años y 5,7 en 2017. El recorte fue del 75,3%, el porcentaje más elevado de todos. Este descenso es normal, ya que son los concellos con mayor empuje del sector de la construcción.

Los ayuntamientos consiguen una parte de sus ingresos a través de cinco grandes impuestos: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI); el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM); el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE); el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Ivtnu) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Esta última tasa aumenta en función del tamaño del trabajo y grava la realización de cualquier construcción, instalación o reforma para la que es necesaria una licencia urbanística, siempre que su expedición corresponda al concello.

La picaresca de los que presentan la solicitud para obtener la licencia urbanística es aportar un presupuesto más bajo que el real y así pagar un porcentaje menor. Sin embargo, hay concellos que después revisan que la obra haya costado lo que se ha presupuestado. Eso sí, si el importe es menor el consistorio debe devolver la parte correspondiente.

Esta tasa es un porcentaje de la cuantía de los trabajos y varía de unos concellos a otros, aunque suele estar entre el 0,5% y el 4% del valor de la obra. Otros ayuntamientos optan por realizar excepciones o reducciones del impuesto. Este impuesto llegó a representar antes de la crisis el 5% de todos los ingresos de los ayuntamientos gallegos y con el boom de la construcción se convirtió en una fuente casi inagotable de recursos. Pero el pinchazo de la burbuja inmobiliaria casi cerró el grifo de esta partida.

Ahora, por ejemplo, no alcanza el 1% de los presupuestos de los concellos. En 2008 era el tercer impuesto con mayor recaudación, tras el IBI y el IAE. En 2017, fue el quinto y último.