Los tediosos procesos de expropiación suponen un vía crucis para dueños de los bienes que pasan a formar parte del erario para acometer alguna infraestructura u obra de necesidad pública. Esta cuestión se ha quedado atrás respecto a la sociedad digital y en la actualidad no existe un sistema de tramitación telemática de estos procesos, carencia que la Xunta quiere solucionar para adoptar un sistema de información "que agilice y facilite la tramitación administrativa" de las expropiaciones.

Esta misión recaerá en manos privadas, pues la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) quiere contratar a una empresa para que desarrolle un nuevo sistema de tramitación de los expedientes de fijación de precio justo que maneja el Xurado de Expropiacións. Para ello, ha licitado un contrato por 190.050 euros por un trabajo que se extendería a 2022 y al que aspiran tres firmas: Balidea Consulting & Programing, Coremain y Tecnologías Plexus. Una vez adjudicado, la empresa dispondrá de 36 meses para introducir el Xurado de Expropiacións en el siglo XXI e incluirlo en el listado de servicios autonómicos que utilizan la vía telemática, como el propio registro de la Xunta.

En esos trabajos se incluye la obligación de migrar todos los expedientes actuales en tramitación al nuevo sistema, lo que permitiría reducir el tiempo de resolución de estos casos. Esa dilación está condicionada no solo por el sistema administrativo empleado, sino por el conflicto entre particulares o empresas y la administración a cuenta del coste de una expropiación. Desde 2006, esos choques son resueltos por el Xurado de Expropiacións.

Tras tres años de descensos, los pleitos por discrepancias con el precio ofertado por Xunta o entidades locales crecieron un 34%, pasando de 909 en 2017 a 1.221 el año pasado, cuestión relacionada también con la reactivación de la obra pública. Las cifras siguen lejos de los años de bonanza. En 2006 el Xurado de Expropiacións recibió 10.279 casos, la mayoría de años anteriores al inicio de su actividad. La cifra pasó a 4.809 en 2007. A partir de entonces creció a 5.155 en 2008 y 7.295 en 2009. En aquel momento, la ola del tsunami económico mundial llegó a Galicia y los datos comenzaron a descender, al igual que hizo el gasto en obra pública. Se registraron 5.992 litigios en 2010, 4.261 en 2011, 3.350 en 2012, 1.695 en 2013, 1.730 en 2014, 1.428 en 2015 y 1.082 en 2016.

Como consecuencia de esos pulsos, las administraciones tuvieron que pagar durante los dos últimos años un 57% más de lo inicialmente ofertado a los propietarios de bienes expropiados. De la oferta de 15,3 millones que sumaban Xunta, con ellos y diputaciones, se pasó a un pago final de 24,1 millones, lejos de los 113,4 que reclamaban los afectados.

Sin embargo, en ocasiones el acuerdo es imposible. Entre 2017 y 2018, 234 propietarios acudieron a la justicia mediante un recurso de reposición al no llegar a un acuerdo en el ámbito del Xurado de Expropiacións. De ellos, 133 acudieron al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que dirimiese el conflicto.