Mantuvo a flote los intereses del Estado tras la marea negra del Prestige, veló por los cargos de Adif en la instrucción del accidente del Alvia, rebajó la acusación por rebelión a los líderes del procés en la causa del 1-O a solo por sedición y ahora hará el "gesto" que ERC reclamó a Pedro Sánchez a cambio del apoyo de los republicanos a la investidura: defenderá ante el Tribunal Supremo que Oriol Junqueras debe poder ejercer como europarlamentario hasta que, en su caso, se levante su inmunidad. La jefa de la Abogacía del Estado, la gallega Consuelo Castro (Ourense, 1964), lleva meses en el centro de la polémica por sus dictámenes sobre Cataluña, entendidos por algunos como una concesión al independentismo en pleno proceso de diálogo por parte del Gobierno socialista.
Castro, con tradición familiar de abogados del Estado, se convirtió en junio de 2018 en jefa de los servicios jurídicos de la Administración central tras más de una década como abogada del Estado-jefe en Galicia. Fue la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien la llamó para ofrecerle la dirección de la Abogacía del Estado tras escuchar su nombre de varias personas de su confianza. Una de ellas fue el exportavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, con quien Castro coincidió durante el juicio por la catástrofe medioambiental del Prestige, que se celebró en A Coruña en 2012 y 2013.
En este proceso judicial, el Estado se jugaba 1.000 millones de euros por su gestión en la marea negra. La defensa de Consuelo Castro al director de la Marina Mercante cuando se produjo el accidente del petrolero, José Luis López-Sors, permitió la absolución del Estado de cualquier responsabilidad en el desastre medioambiental que tiñó de chapapote más de 3.000 kilómetros de costa.
La jurista gallega también fue la encargada de representar al Estado en el proceso judicial sobre el accidente del Alvia en Angrois, que se saldó con la muerte de 80 pasajeros y más de 140 heridos. Consuelo Castro provocó la indignación de los familiares de las víctimas al defender la tesis de que el único culpable del siniestro había sido el maquinista por no lograr frenar a tiempo para evitar la catástrofe y así dejar fuera del banquillo a cualquier cargo de Adif.
Ya como jefa de los servicios jurídicos del Estado, Castro destituyó a Edmundo Bal, entonces abogado jefe del departamento de Penal y ahora diputado de Ciudadanos, por negarse a rebajar de rebelión a sedición los delitos que se imputan a los líderes del procés.
Es, según comentan desde su entorno, una mujer con una "impecable trayectoria profesional". En 2012 se convirtió en la primera mujer en la Academia Gallega de Jurisprudencia, donde defendió el uso del gallego en la Justicia. "Es una veterana con autoridad entre los compañeros y sin tinte político conocido", comentan desde su entorno. "Es galleguista y defiende el gallego, pero no por haber hecho un discurso en gallego en la Academia, lo que no es tan raro", detallan.
La jurista ourensana pertenece representando a España como vicepresidenta al Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Migración del Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Compañeros de profesión la definen como una impresionante profesional y trabajadora, brillante en sus textos y brillante es su oratoria, con un sentido del deber y del Estado que tiene poca gente: "Así se explica cómo ha trabajado con absoluta lealtad y profesionalidad como jefa de la Abogacía en A Coruña durante tanto tiempo y diferentes gobiernos".
Y es que Castro permaneció al frente de la Abogacía del Estado en Galicia con ejecutivos de PSOE y PP. Nunca ha hecho exhibición de sus ideas políticas.
Su tradición familiar de abogados del Estado „su padre fue durante muchos años jefe de la Abogacía del Estado en Ourense„la llevó a estudiar Derecho. Lo hizo en el Real Centro Universitario del Escorial „tres años„ y en la Complutense de Madrid „otros dos„. Ganó las oposiciones en 1989, estuvo dos años adscrita al Ministerio de Sanidad y luego se trasladó a A Coruña, donde ocupó la jefatura provincial de la Abogacía del Estado entre 2004 y 2007. Ese año asumió la dirección de toda Galicia. El regreso a Madrid se produjo en verano de 2018 con una llamada de la ministra de Justicia para encomendarle una nueva tarea: la jefatura de los servicios jurídicos del Estado.
