Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local e incluso examinadores de Tráfico. Son algunos de los destinos que ha buscado el Gobierno central para los miles de militares de Tropa y Marinería abocados al paro forzoso al no ser profesionales de carrera. Solo en Galicia son unos 4.000 los soldados, marineros y cabos que se verán obligados a colgar el uniforme al cumplir los 45 años debido a su condición de temporales, tal y como recoge la Ley de Tropa y Marinería aprobada en 2006. Ahora, Defensa e Interior trabajan para recolocar a estos militares: en el conjunto del país son unos 37.000 los efectivos de ambas escalas que de aquí a 2036 tendrán que abandonar las Fuerzas Armadas por cuestión de edad. La propuesta ha cogido por sorpresa a los sindicatos de prisiones y ha generado recelos, por lo que han solicitado una reunión de la mesa delegada de Instituciones Penitenciarias para conocer en qué "condiciones y circunstancias" se van a integrar en la plantilla carcelaria estos militares. "Parece que Prisiones se está convirtiendo en el cajón de sastre para todo: primero los vigilantes de seguridad, ahora los efectivos de Tropa y Marinería...", cuestionan desde el sindicato CSIF en el centro penitenciario de Teixeiro (A Coruña).

Para el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (Atame), Juan Carlos Tamame, el plan de Defensa e Interior es muy buena noticia ya que permite "dar una salida digna a estos militares, en algunos casos con 20 años de servicio en las Fuerzas Armadas". No obstante, aclara que no serán plazas solo para personal de 45 años, sino que podrán optar a ellas si llevan al menos 5 años en el cuerpo.

Pero tanto Atame como la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) reclaman una nueva ley, ya que las Fuerzas Armadas son el único cuerpo en el Estado que tiene dos normativas, una para profesionales y otra para efectivos sin carrera. "Es una medida positiva, pero necesitamos una nueva ley ya que el Gobierno no puede estar mirando todos los años posibles convenios con Policía Nacional, Local, Guardia Civil, FEMP... para buscar el acomodo de los militares de Tropa y Marinería", reclama Jorge Bravo, secretario de Organización de AUME.

En la actualidad, Galicia cuenta con apenas 1.500 funcionarios de prisiones, 435 en el centro penitenciario de Teixeiro. La congelación de oposiciones tras la crisis mermó la plantilla y los recientes procesos convocados no bastan para compensar las jubilaciones, según advierten funcionarios de CSIF. Y la situación tenderá a agravarse en los próximos años si no se cubren las vacantes ya que la plantilla está cada vez más envejecida. Así en Teixeiro y A Lama (Pontevedra), la edad media de los funcionarios está por encima de los 50 años. Pero en Pereiro de Aguiar (Ourense) y Bonxe (Lugo), la situación es más grave ya que el personal supera los 55 años.

Aunque apremian al Gobierno central a cubrir las plazas vacantes, los sindicatos advierten de que deben ser ocupadas con personal que tenga la misma formación que se exige a un empleado público de prisiones. Y es que los militares son funcionarios de nivel D frente al C1 (el grado más bajo en Instituciones Penitenciarias), el A1 (cuerpo especial) y el A2 (juristas y psicólogos).

Desde la Asociación de Tropa y Marinería matizan que solo podrán acceder a Instituciones Penitenciarias a través de un concurso oposición en el que se exigirá lo mismo que a los funcionarios de prisiones, con un nivel académico como técnico superior, el requerido también para concurrir a las plazas de Policía Nacional o Policía Local.

Desde Instituciones Penitenciarias apuntan que el plan todavía "no está cerrado" y que se encuentra en una "fase preliminar" que debe ser desarrollado por Interior y Defensa. La propuesta de ambos departamentos habilita a Prisiones a convocar "sin que computen a efectos de tasas de reposición", plazas de personal fijo dirigidas "de forma exclusiva a militares profesionales de Tropa y Marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración y para los reservistas de especial disponibilidad". El desarrollo de estos procesos, según recoge el escrito remitido por el subdirector general de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, Eugenio Arribas, se regirá "por los principios de igualdad mérito y capacidad".