Lejos quedan los años de bonanza económica en los que las administraciones se dejaban más de 2.000 millones de euros al año en obra pública en Galicia. 2009 fue el último ejercicio en que salieron a concurso proyectos por un importe superior a los mil millones. Desde entonces, grandes y pequeños constructores compiten con rebajas de hasta un 40% por hacerse con un trozo de la codiciada tarta de obra pública. En la actualidad, la inversión de Xunta, Estado y ayuntamientos en la comunidad gallega solo supone el 5,5% del total en el conjunto del país. Este porcentaje se ha desinflado en los últimos años: en 2012 llegó a superar el 19% de la inversión en obra pública de las 17 comunidades autónomas. De media, la licitación de obra pública en Galicia en la última década representaba un 9%.

A falta de los datos del mes de diciembre para cerrar el balance de 2019, las partidas reservadas para edificaciones y obras civiles se mantienen casi al mismo nivel que el ejercicio anterior: 921,6 millones „una media de casi 2,8 millones cada día„ frente a los 925,7 de 2018, lo que supone un 0,5% menos, según las estadísticas hechas públicas por la patronal de la construcción Seopan.

Ya el sector en Galicia daba por hecho que 2019 se cerraría con una cartera de contratos por parte de las administraciones inferior a la de 2018, año récord en licitación de obra pública desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La cita con las urnas de 2019 y la proximidad de las autonómicas marcaron las convocatorias de concursos de la Xunta y del Gobierno central, las dos administraciones en Galicia que licitaron más proyectos que el ejercicio anterior. En el caso del Ejecutivo central, las inversiones en obra pública entre enero y noviembre superaron los 268 millones, un 13% más que el mismo periodo de 2010. Y en el caso de la Xunta, las licitaciones a un año de las elecciones autonómicas crecieron un 6,6%: 326,27 millones frente a los 306,21 de 2018. Por el contrario, convocatoria de las municipales no arrancó fondos extra para obra pública: en total 327 millones, un 14,4% menos.

El balance de 2019, a falta de los datos de diciembre, coloca a Galicia entre las seis comunidades en números rojos en obra pública: Asturias (-24,9%), La Rioja (-23,7%), , Castilla-La Mancha (-6,1%), Comunidad Valenciana (-4,7%), Canarias (-2,1%) y finalmente Galicia (-0,5%).

En el extremo opuesto del mapa de obra pública se colocan Baleares, con el doble de inversiones que hace un año, seguida de Murcia (62,3%) y Aragón (41,1%). En el conjunto del país, la mejora de la situación económica se tradujo en la apertura del grifo por parte de las administraciones, con una inyección extra de fondos para licitaciones de casi el 18%. En total, más de 16.800 millones.

Los más de 921 millones licitados en Galicia entre enero y noviembre la sitúan en el séptimo puesto del ranking nacional, con Madrid a la cabeza (más de 2.650 millones), seguida de Cataluña ( 2.581) y Andalucía (2.321), las tres únicas comunidades por encima de los 2.000 millones.

De mantenerse el ritmo de años anteriores para un mes de diciembre, las inversiones en obra pública en Galicia rebasarán la barrera de los mil millones. El importe total será el segundo de mayor inversión en siete años, solo superado por el de 2018, pero todavía casi la mitad de las licitaciones de hace una década, que oscilaban en casi 1.500 millones y más de 1.800, y muy lejos de los casi 3.000 millones en el boom del ladrillo.

Si en plena ejecución del AVE, el Estado desembolsaba ocho de cada diez euros reservados por las administraciones a obra pública en la comunidad gallega, ahora el Ejecutivo central representa apenas el 30%. El 70% se reparte a partes prácticamente iguales entre Xunta y ayuntamientos.