La crisis demográfica está marcada en rojo en la agenda de prioridades de la Xunta. Para ponerle remedio ha articulado una ley que, tras superar su fase de alegaciones, debe ser remitida ahora al Parlamento gallego para su tramitación. Sin embargo, antes de eso ha pasado por el escrutinio de los agentes socieconómicos y representantes de la sociedad civil integrados en el Consello Económico e Social (CES), a los que no convence el proyecto del Gobierno gallego.
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