Al otro lado del charco, en Argentina se juzga el franquismo. A más de 10.000 kilómetros del país en el que la dictadura dejó miles de cuerpos en cunetas, montes y tapias de cementerios, se puso en marcha hace diez años la causa que pretende sentar en el banquillo de los acusados a los torturadores que aún hoy están vivos. A la querella se sumarán ahora veinte casos de gallegos deportados en campos nazis, entre ellos seis de la provincia de A Coruña. Así, los casos de los coruñeses José Alvedro Villaverde, Martín Ferreiro, Francisco Pena Romero, Manuel Rodríguez Louro, Antonio Suárez y José Seijas Insúa pasarán a formar parte de la pieza que se unirá a la querella, en manos de la juez María Romilda Servini en el juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, y que por primera vez sitúa a los deportados en campos de concentración como objeto de esta investigación.

El proceso arrancó en abril de 2010 por iniciativa de Darío Rivas, hijo del alcalde socialista de Castro Caldelas asesinado en 1936. Se trata de la única investigación abierta en el mundo que busca justicia y reparación a las víctimas del franquismo. Hasta el momento se han presentado centenares de casos de represaliados por muerte, tortura, prisión, o confiscación de bienes...

Con motivo el próximo lunes del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentará por primera vez en España numerosas denuncias de casos de deportados gallegos en campos de concentración alemanes. El colectivo acompañará en los próximos días a los familiares en diversos actos, desde la comunicación pública de las denuncias, como la presentación en el Consulado, así como conferencias y exposiciones.

Investigadores de la ARMH llevan meses estudiando los casos de deportados en campos nazis. "Para los familiares es reparador que por primera vez se recojan oficialmente tantos padecimientos nunca reconocidos a las víctimas del holocausto, ya que el Estado franquista permitió su deportación", apuntan desde la ARMH.