La Xunta pondrá en marcha en los próximos meses un canal específico de denuncia para comunicar de manera confidencial situaciones de riesgo de la integridad institucional, es decir, conductas irregulares o malas prácticas dentro de la Administración, que sean contrarias al interés general y de las cuales pudieran derivarse responsabilidades.
Así lo anunció ayer la directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Natalia Prieto, durante su comparecencia en comisión parlamentaria. Según explicó, este canal se incluirá dentro de un "programa marco de integridad y prevención de riesgos".
"Se trata de reforzar los mecanismos y avanzar en la implantación de un canal específico y concreto para que se comunique la comisión de cualquier irregularidad de la que se pueda tener conocimiento, el procedimiento para su investigación y las consecuencias de los posibles incumplimientos que se puedan detectar", indicó.
También avanzó que se "actualizará el código ético institucional de la Xunta" para "reforzar" los principios de integridad institucional y prevención de riesgos. "Estableceremos parámetros para su evaluación y cumplimiento, y se incrementará y fomentará su difusión y conocimiento por parte de los empleados públicos y de los agentes externos con los que la Xunta se relaciona día a día", apuntó.
Además, detalló que se elaborarán "protocolos específicos" que se centrarán en "ámbitos especialmente sensibles" como la contratación, la concesión de ayudas, la gestión de personal y el urbanismos. A ello se sumará la puesta en marcha de un "comité de ética específico" que dé respuesta a "posibles dilemas o conflictos éticos que puedan tener los empleados públicos.
En su comparecencia, Natalia Prieto aseguró que el Gobierno gallego también creará un registro de los grupos de interés y regulará su funcionamiento en las relaciones que tengan con los representantes de la Administración autonómica.
