La macrocausa de corrupción que ha salpicado a cientos de cargos públicos, empresarios y funcionarios parece no tener fin. Nueve años después de que la jueza Pilar de Lara comenzase a investigar una trama de fraude en subvenciones y amaños en contrataciones, no solo en Galicia sino también en Asturias, Cantabria. Cataluña o Baleares, la operación Pokemon continúa dando tumbos en los juzgados. Hace una semana, la Fiscalía de Lugo envío un escrito a la todavía instructora de la causa, sancionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la pérdida del destino por irregularidades en sus investigaciones, en el que propone desgajar las pesquisas alrededor del grupo Vendex en un total de 32 piezas: 10 casos en el Concello de A Coruña, ocho en Santiago, siete en Ourense y uno en Ferrol, Lugo, Sada, Arteixo, Ordes, Carballiño y Marín.

Uno de los motivos que llevó al Poder Judicial a condenarla a la pérdida del destino fueron sus "dilaciones y desatención". Un "retraso" en la instrucción que en parte se debe a no haber derivado a los juzgados correspondientes las piezas de sus respectivas ciudades. Para tratar de agilizar la resolución de la instrucción, la Fiscalía propone a De Lara que remita cada asunto "al lugar en que radica la institución o administración pública contratante, ya que nada tienen que ver las operaciones llevadas a cabo en cada lugar".

En el caso del Concello de A Coruña, la Fiscalía propone derivar a los juzgados de la ciudad un total de10 piezas de la Pokemon. Se trata de la investigación sobre los regalos del grupo Vendex a funcionarios y autoridades del Ayuntamiento, los concursos del Aquarium, del Ágora, del Muncyt y del parking del aeropuerto de Alvedro, el supuesto fraude en las subvenciones de Nauga, los contratos del Instituto Municipal de Espectáculos de Coruña (IMCE) y también a personas recomendadas por cargos y empleados públicos del Concello, donaciones a partidos políticos en mayo de 2011 y la retirada de sanciones a vehículos.

De la provincia de A Coruña, en Arteixo, la separación de piezas afecta a la investigación sobre el uso de información privilegiada; en Sada a concursos de alumbrado, ayuda en el hogar y limpieza de locales del Concello, en Ferrol a un préstamo encubierto; en Boqueixón a un concurso de ayuda en el hogar; en Ordes a contrataciones irregulares y en Santiago a ocho atestados o informes.

"Los distintos contratos y adjudicaciones no tendrían más relación entre sí, que la existencia de algunos imputados comunes, pero ni los procedimientos son idénticos entre sí ni las autoridades coinciden", recoge el escrito de la Fiscalía, que por tanto no ve "justificada" la "conexidad delictiva" para un enjuiciamiento conjunto. Además, según advierte el Ministerio fiscal, llevaría a celebrar un juicio oral único en que el figurarían unos 250 acusados por negocios jurídicos tan diversos como la adjudicación del servicio de la grúa y de la ORA de Santiago, el uso de información privilegiada en Arteixo o el servicio de limpieza de las dependencias deportivas dependientes del Concello de Ourense. "No existen elementos jurídicos que justifiquen conexidad delictiva entre tan dispares negocios jurídicos, pudiéndose dar la absurda situación de que se enjuicien en la Audiencia de A Coruña, el contrato de la ORA de Ourense o de A Coruña, o la ilícita retirada de multas de otras provincias", concluye la Fiscalía de Lugo.