Galicia estudia la fórmula legal para reclamar el pago de la deuda del Ministerio de Hacienda, que asciende, según sus cálculos, a 370 millones: 198 correspondientes a la recaudación del último mes de IVA de 2017 y 170 de incentivos fiscales. La negativa del Gobierno a abonar a las comunidades el citado IVA retenido „2.500 millones en total„ constituye un "hurto" con el que financiar la subida de las pensiones recientemente anunciada y sus "compromisos electoralistas", según cargó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que alertó también de lo "ridículo" que sería que las autonomías litigasen con la Administración estatal en la Audiencia Nacional.

"Han utilizado el dinero de las comunidades autónomas para financiar la subida del 0,9% de las pensiones, están utilizando el dinero que no es suyo para sus compromisos electorales", censuró el dirigente gallego ante la prensa después de visitar el puesto de la comunidad en la feria de turismo Fitur, donde coincidió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras Teresa Ribero y Reyes Maroto. No tuvieron tiempo de abordar el conflicto y la charla se limitó a la invitación por parte de Feijóo a que Sánchez recorriese el Camino de Santiago.

Hacienda busca fórmulas para abonar a las comunidades los citados 2.500 millones del IVA „descarta los 170 de incentivos por disciplina fiscal exigidos por Galicia„ tras haber asegurado que el plazo había expirado.

El conflicto viene de lejos, pues deriva de una reforma del sistema contable por parte del Gobierno del PP, que dejó en el limbo la recaudación del IVA del mes de diciembre de 2017. En agosto de 2018, la actual portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió que se pagaría ese dinero, pero luego el Gobierno vinculó la operación a los presupuestos generales de 2019, que fueron tumbados en el Congreso. Pasados dos años desde 2017, Montero dijo esta semana que el plazo para devolver el dinero a las autonomías había expirado, aunque luego el Ejecutivo se abrió a explorar vías de pago.

La reclamación ante la Justicia es la vía que explora Galicia para recuperar esos fondos, que exigen otras comunidades en un frente autonómico cada vez mayor. A las quejas de Galicia se sumaron Madrid (PP), Castilla y León (PP), Murcia (PP), Andalucía (PP-Cs) y Castilla-La Mancha (PSOE-Podemos). Ayer lo hizo Valencia (PSOE-Compromís) a través de su vicepresidenta, Mónica Oltra, quien avanzó que pedirán los 281 millones de IVA que les corresponden "por tierra, mar y aire", aunque sin urgencias, pues dejarán que el Gobierno "se asiente".

La vía judicial supondría un enfrentamiento entre administraciones que Feijóo considera bochornoso. "Sería ridículo", dijo sobre la posibilidad de que los presidentes autonómicos acudiesen a la Audiencia por esta cuestión.

Los servicios técnicos y jurídicos de la Xunta estudian el "medio más adecuado" para reclamar el dinero pendiente y "garantizar su recuperación". "Podrá ser una nueva carta, un requerimiento administrativo, judicial o incluso enviarle a la ministra el gaitero del moroso", ironizó ayer en el Parlamento el director xeral de Planificación, Miguel Corgos, a quien la diputada del BNG, Noa Presas, exigió la presentación de un recurso para lograr ese dinero.